Por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE), participé en calidad de observador internacional en las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas el pasado 28 de julio.
Lo hice junto a otros expresidentes, a un panel de técnicos electorales de las Naciones Unidas, de miembros del Centro Carter y de miles de veedores nacionales e internacionales.
No era la primera vez que lo hacía. En el 2002, luego del golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, tuve el honor de haber sido invitado por el Centro Carter para participar junto a la Dra. Jennifer McCoy y su equipo, en las negociaciones que siguieron a la conjura antichavista.
En el 2013, asistí también en calidad de observador en las elecciones presidenciales ganadas de manera muy estrecha (50.6% a 49.1%), por Nicolás Maduro, frente a Henrique Capriles, candidato de la unidad opositora.
En el 2015, nuevamente fui escogido para observar las elecciones parlamentarias. La encomienda me fue formulada por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), presidida en ese entonces por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper.
En esa ocasión, al reunirme con los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reinaba un escepticismo en relación con sus posibilidades de triunfo en dicho certamen electoral.
Hacían referencia constante a la situación de desigualdad en la participación y a lo que denominaban ventajismo oficial, con respecto al uso de medios y recursos en el proceso comicial.
No obstante, a pesar de esa percepción, pudimos constatar lo inesperado: la Mesa de la Unidad Democrática, se alzó con la victoria, con el 56.3% de los votos y 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional.
De observador
a mediador
Debido a la rigurosidad y profesionalismo con que, a través de UNASUR, pudimos efectuar nuestra encomienda, tanto el gobierno como la oposición nos solicitaron nuestra intermediación en la crisis de gobernabilidad que habría de surgir de esos resultados electorales.
En efecto, luego de las elecciones parlamentarias, se produjo una disputa permanente entre la Asamblea Nacional, dirigida por la oposición y el Tribunal Superior Judicial, controlado por el gobierno.
En ese conflicto, el tribunal procedía a declarar la nulidad de las disposiciones legales emanadas del órgano legislativo.
Fueron los años transcurridos entre 2016 y 2018, en los cuales tuve que realizar más de 20 viajes a Caracas, para servir de interlocutor entre las posiciones sustentadas por los partidarios de la Revolución Bolivariana y el núcleo de organizaciones opositoras.
Resultaron años difíciles. Las protestas no cesaban. El país vivía en un estado de desasosiego permanente. La economía se desplomó. El bolívar, como moneda nacional, se hizo irrelevante, dando lugar a una hiperinflación.
En medio de esa situación de alta conflictividad política, el oficialismo promovió una Asamblea Constituyente, que asumió todos los poderes del Estado, dejando sin funciones a la Asamblea Nacional.
Los partidos de oposición ripostaron. Apoderaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), en solicitud de que el organismo regional exigiera al gobierno de Venezuela “garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”.
En 2019, como manifestación del clímax de la crisis política venezolana, se formalizó la dualidad de poderes. Maduro era acusado de usurpar las funciones del presidente de la República, al tiempo que Juan Guaidó era escogido por la Asamblea Nacional como legítimo representante del Poder Ejecutivo venezolano.
En todo ese proceso, intenso y dramático, dejé la huella de mi presencia, tratando siempre de promover la paz y evitar a toda costa el derramamiento de sangre del pueblo venezolano.
Elecciones de julio
Con esa trayectoria de participación de observador electoral internacional y de mediación de conflictos en Venezuela, durante más de 20 años, no podía extrañar que fuese invitado nuevamente, por el Consejo Nacional Electoral, a participar en los recientes comicios efectuados en la patria de Bolívar.
Lo hice como siempre, contando con el apoyo y confianza de las partes en contienda. En este caso, tanto por parte del candidato oficialista, Nicolás Maduro, como de los candidatos de los distintos partidos de oposición.
Durante nuestra misión de observación electoral, pudimos reunirnos, en primer lugar, con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, así como con otros miembros de dicho organismo.
Nos mostraron el sistema de votación híbrido que se dispone en Venezuela, el cual combina la parte electrónica con la manual; y el compromiso de entregar a cada testigo o miembro de mesa electoral, el acta de escrutinio.
Luego, sostuvimos encuentros con los candidatos Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); y de Edmundo González, de Plataforma Unitaria; así como con otros candidatos de partidos minoritarios.
Todos los candidatos calificaron como positiva nuestra participación en calidad de observador; y de manera particular, el principal candidato opositor expresó su agradecimiento por nuestro encuentro, que calificó como de una “franca y provechosa conversación”.
El domingo 29 de julio, el proceso electoral presidencial venezolano transcurrió en forma entusiasta, masiva y ordenada. No se registró ningún incidente de importancia. Todo transcurrió en paz. Se entendía que para las 9 p.m., el Consejo Nacional Electoral estaría emitiendo su primer boletín con los datos del certamen. Pero no fue así. Pasaba el tiempo y la ansiedad crecía.
No fue sino al filo de la media noche cuando los rectores del CNE se dirigieron a la población. Su presidente comunicó que debido a un ataque cibernético se había producido el retraso en la presentación de resultados. Fue entonces cuando informó lo que ya sabemos: que con el 80% de los votos computados, el candidato Nicolás Maduro había triunfado, con el 51.2% de los votos, frente a Edmundo González, con 44.2%.
A ese reporte, para ser enteramente creíble y confiable, le hacía falta un elemento: presentar las actas de escrutinio, desglosadas por recinto y mesa electoral.
Eso fue lo que junto al expresidente Ernesto Samper, manifestamos en nuestro informe; y es lo que todos los observadores imparciales, incluyendo a Naciones Unidas, el Centro Carter y varios gobiernos de la región, también han solicitado.
Como puede observarse, no hemos estado tan mal acompañados.
