La República Dominicana padece de una grave crisis educacional, considerada dentro del 5% de los sistemas docentes más deficientes por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) en el 2022. Aunque en su momento el gobierno quiso resaltar esto como un logro de su gestión, el evidente conformismo y la mediocridad en el accionar administrativo público nos está conduciendo irremediablemente hacia un callejón sin salida. Estos funestos elementos con la incuestionable permisibilidad migratoria son sentencia de desgracia y cómplice de la sobresaliente decadencia en la República Dominicana.
Nuestra lucha por una mayor calidad educativa ha sido constante, y en el 2013, luego de manifestaciones, reclamaciones, debates y marchas de diversos sectores de la sociedad dominicana, logramos obtener la anhelada designación del 4% del PBI a favor de la educación nacional. Sin embargo, a 11 años de este triunfo tan significativo, observamos con decepción los escuálidos resultados alcanzados y el pobre rendimiento de esta descomunal inversión del estado.
Aún más grave es que más del 10% de este caudal, es decir un poco más de quinientos millones de dólares ($500M), costea los estudios a más de ciento setenta y tres mil (173,000) estudiantes de origen haitiano en nuestras escuelas públicas. Esta impresionante cifra pone en evidencia el extraordinario peso de esta migración que, de por si sobrecarga el presupuesto nacional en múltiples renglones y con un crecimiento exponencial ante la desordenada ola migratoria y la falta de un régimen de consecuencia que detenga la entrada de ilegales.
Los números son alarmantes, con un incremento desproporcionado de más de ochenta por ciento (80%) en los últimos cinco años, y más de tres ciento por ciento (300%) en tan solo 11 años (del 2012 al 2023). Esto ha generado un caos generalizado al momento de la inscripción escolar, con una cada vez más notable incidencia de estudiantes haitianos que están copando la mayoría de los puestos en innumerables escuelas en detrimento de los estudiantes dominicanos.
Es incuestionable que, tal y como lo establecen una diversidad de pactos e instrumentos jurídicos internacionales, la educación es un derecho inalienable, inherente a todas las personas, que se debe aplicar sin discriminación alguna. Sin embargo, esto no nos obliga a priorizar la educación de extranjeros por encima de la responsabilidad que nos atañe de proporcionar una docencia de calidad a todos los dominicanos. Esto sí debe ser prioritario si pretendemos salvaguardar nuestra soberanía y proteger los intereses de nuestro país.
En ese sentido, es imprescindible tomar pasos determinantes, para responder a las demandas educativas de los alumnos nacionales. Esto nos constriñe a realizar un reordenamiento del sistema educacional y mejorar el proceso de asignar los puestos estudiantiles.
En la actualidad, el evidente desorden y la carencia de planteles escolares hábiles son de los principales escollos que debemos enfrentar para resolver esta crisis. Las designaciones de cupos se deben regularizar, imponiendo un mayor control, y sectorizando la docencia por demarcación geográfica.
Por ejemplo, no es posible que una escuela en el sector de Cristo Rey esté recibiendo estudiantes de Pantoja, Los Alcarrizos y hasta de Pedro Brand. En un sin número de lugares evidenciamos esta misma anomalía, como Pedernales, que cuenta con unos veinte y cuatro (24) planteles escolares, y admiten estudiantes que residen en diversas comarcas, y hasta residentes del país vecino. De igual forma, en la Ciudad Juan Bosch, es notable la cantidad de estudiantes dominicanos cuya inscripción se ha negado para ingresar estudiantes nuevos que no residen en la zona, incluyendo en su mayoría a extranjeros haitianos, incitando una multiplicidad de quejas de los padres dominicanos.
Debe ser prioritario rediseñar el padrón escolar y la metodología en denominar los puestos estudiantiles, para garantizar la inscripción de los dominicanos, y asignando cuotas limitadas, por plantel escolar, a los estudiantes extranjeros, juntamente con un ambicioso plan de construcción para saciar la conspicua deficiencia de aulas.
En esa misma tesitura, es relevante apuntar que, nuestra Constitución decreta los designios de la educación nacional, requiriendo la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, con formación social y cívica, conocimiento constitucional y de los valores patrios. Es innegable que la presencia cada vez más amplia de estudiantes haitianos en las escuelas nacionales tiene efectos severos sobre la identidad nacional y cultural de nuestros jóvenes. Es absolutamente indispensable impartir una docencia con criterios netamente dominicanos, y una gama de programas dirigidos a la promoción y el fortalecimiento de nuestros valores.
Los retos que enfrenta nuestro abatido sistema educativo son numerosos, pero garantizar la cuota estudiantil a favor de los niños dominicanos es una responsabilidad ineludible, inaplazable y de una importancia incalculable. La vulnerabilidad en las zonas principalmente afectadas por esta migración, coloca a nuestros jóvenes en un mayor riesgo de frustración y descarrío, condenándolos al fracaso permanente, muy en detrimento del colectivo de nuestra sociedad.
Más allá de las reincidentes exhortaciones de imponer el cumplimiento a nuestras leyes migratorias, y de iniciar un proceso inmediato de repatriaciones masivas -haciendo valer así nuestros derechos como país libre y soberano- estos planteamientos emanan de una necesidad de amortiguar el incalculable peso y las perniciosas secuelas de la inacción y la complicidad de nuestros gobernantes todos, con nuestras excepcionales debilidades fronterizas.
La educación es prioridad nacional, y nuestro futuro depende de sus buenos oficios en pro de los estudiantes dominicanos, pues ellos acreditarán el futuro de la Patria en la medida que la Patria pueda cumplir con ellos.
