La justicia investiga si Gómez, de 49 años, se aprovechó de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo.
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó este miércoles ante la justicia haber cometido ninguna irregularidad en sus actividades profesionales privadas.
La justicia investiga si Gómez, de 49 años, se aprovechó de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo. Se examina también si, a cambio de esta financiación para su curso, ayudó a un empresario a conseguir acceso privilegiado a ofertas públicas.
Asimismo, la justicia examina si, en el marco de esas actividades universitarias, cometió un delito al registrar a su nombre un programa informático creado por otros, así como la denominación del curso, Transformación Social Competitiva.
«Mi cliente se ha comportado siempre de una manera correcta, siempre en coordinación con la Universidad Complutense y en ningún momento ha intermediado, de ninguna manera, ante nadie, a efectos de que» un empresario «obtuviera licitaciones públicas», dijo a la salida de la audiencia de este miércoles el abogado de Gómez, Antonio Camacho.
Camacho explicó que su clienta había querido declarar «desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder», pero que no lo había hecho «porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando».
– «Un objetivo político evidente» –
Gómez ya compareció en julio pero se acogió a su derecho a no declarar. En esta ocasión, sin embargo, respondió a las preguntas de su abogado.
La esposa de Sánchez llegó a los juzgados de Madrid un poco antes de las 10H00 (09H00 GMT) para comparecer ante el juez Juan Carlos Peinado.
Entró directamente en coche al aparcamiento subterráneo de los juzgados, ahorrándose desfilar ante la prensa que esperaba en la calle.
A mitad de noviembre, Gómez aseguró ante una comisión del Parlamento regional de Madrid, donde gobierna la derecha, que las denuncias en su contra tienen «un objetivo político evidente».
Las citaciones judiciales se suceden esta semana en las varias investigaciones que amargan la vida a Pedro Sánchez, que siempre ha defendido la probidad de su mujer y de su Gobierno.
El lunes compareció un empresario que es el principal acusador en un caso de corrupción que implica a un ex ministro socialista de Transportes, quien ya declaró la semana pasada. El martes le tocó a un exasesor de este ministro en el mismo caso y el miércoles a la mujer del presidente del gobierno en una causa distinta.
– «Un carrusel judicial» para Sánchez –
«Un auténtico carrusel judicial», bromeó el lunes Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP), el primero de la oposición.
«Hay una manera muy simple de que la justicia salga de la vida del Gobierno», añadió. «Que devuelvan lo que se han llevado y que dejen de malversar».
Pedro Sánchez, por su parte, insiste en que no hay «nada» que reprochar a su esposa y que su Gobierno está «limpio», acusando a la derecha y a la extrema derecha de estar detrás de esta «campaña» de desprestigio.
La semana pasada, durante un encuentro informal con periodistas, el jefe del Gobierno llegó a sugerir que los jueces estaban en connivencia con el PP al facilitarle información sobre casos contra sus allegados, comentarios que llevaron a la presidenta del Tribunal Supremo a defender la independencia del poder judicial.
Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, Sánchez dijo estar «convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas de nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor».
La desgastadora semana judicial de Sánchez y su entorno concluirá el viernes con la citación como testigo de una empleada de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, sospechosa de haber trabajado en realidad para Begoña Gómez ayudándola con su trabajo en la Universidad Complutense.
A principios de enero, habrá una nueva cita: la comparecencia del hermano de Sánchez, investigado por malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude fiscal a raíz de otra denuncia de «Manos limpias».
