Con el Código Penal pendiente, pero no en las agendas de prioridades, el Congreso para 2025 trae consigo responsabilidades constitucionales que iniciaron luego del 16 de agosto, pero que se extendieron y aún no son resueltas.
Con el Congreso ya en receso y la legislatura al cierre pocos días después de transcurrido el próximo mes de enero, los legisladores deberán enfocar sus esfuerzos a sacar leyes que llevan varios años pidiendo pista, el 2025 podría ser, finalmente, su momento de promulgación.
Con el Código Penal pendiente, pero no en las agendas de prioridades, el Congreso para 2025 trae consigo responsabilidades constitucionales que iniciaron luego del 16 de agosto, pero que se extendieron y aún no son resueltas.
Un caso es la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, quienes finalizan próximamente su estadía en el órgano fiscalizador
A pesar de estar envueltos en polémicas durante los primeros años, por disputas internas, a punto tal de que se pensó en un juicio político para destruirlos, varios de sus miembros, como el presidente Janel Ramírez Sánchez, volvió al Congreso Nacional por una entrevistarse para repetir el cargo.
El plazo máximo con el que cuenta la Cámara de Diputados para escoger a los nuevos miembros es abril de 2025.
Sin embargo, habiendo ya agotado la primera fase de entrevistas, lo que resta son trabajos de deliberación y decisión para entonces presentar una terna que debe ser aprobada por ambas cámaras legislativas.
Sobre la creación de nuevas legislaciones o la reforma de algunas antiguas, aparece en primer plano la reforma al Código de trabajo, un proyecto que fue introducido por el Poder Ejecutivo luego de que, presuntamente, se había llegado a un acuerdo entre empleados y empleadores, aunque posteriores desacuerdos pusieron en pausa la pieza.
El proyecto, que busca modernizar el Código de Trabajo a las disposiciones actuales, entró en un tranque luego de retomarse las discusiones y opiniones contrarias con respecto a la cesantía laboral.
Por un lado, los empresarios plantearon un tope de seis años en la cesantía para un empleado de nuevo ingreso, mientras que los sindicalistas rechazaron cualquier propuesta de tocar lo que actualmente establece el Código de Trabajo.
Otra iniciativa que está cerca de ser promulgada es el proyecto que modifica la Ley que crea y regula el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), introduciendo los cambios realizados durante la última modificación a la Constitución. En el caso de esta pieza, se trata de introducir un nuevo método para escoger al procurador general de la República y el ingreso del presidente del Tribunal Constitucional como miembro evaluador.
El proyecto, ya aprobado en dos lecturas en el Senado de la República, y en una en la Cámara de Diputados, está a un paso de volver al Poder Ejecutivo para su promulgación y, poco después, el inicio de la sustitución de la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora desde el año 2020.
otros proyectos
Además de los ya mencionados, está pendiente conocer un proyecto de ley que busca modificar la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios, para que los partidos políticos puedan proponer a un candidato en caso de vacantes en los alcaldes y vicealcaldes.
Esto sucede luego de que el presidente Luis Abinader designó al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, como ministro de Deporte, dejando vacante la plaza como síndico y desatando un caos tras la posterior renuncia de la vicealcaldesa y la existencia de un vacío legal sobre cómo se debía escoger al nuevo edilicio.
Se suma a la lista el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social (Ley 87-01), la Ley de Aguas, la reforma al Código Civil, la ley de Referendo y otras múltiples legislaciones que quedan pendientes y que muchas de ellas están plasmadas en la Constitución de la República del año 2010.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República se reintegrarán a los trabajos los primeros días de enero, luego de la celebración del Día de los Reyes Magos, por lo que dispondrán de menos de una semana, antes del cierre de la legislatura, para decidir sobre algunas de las piezas que están pendientes.
La responsabilidad de conocer, aprobar o rechazar alguna pieza legislativa en el Congreso Nacional cae exclusivamente en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que cuenta con una mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.
