En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte trabajan a partir de casos ingresados en el 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes pendientes con más de seis meses, con el fin de erradicar la mora.
En la mañana de este martes, en la conmemoración del Día del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, reconoció como la mayor calamidad del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina llamó a no ser indiferentes con estas injusticias, reconociendo el «daño que acarrea para las personas y sociedad en general», por lo que erradicar esta falencia es el «objetivo central de esta gestión».
«Para todos es sabido que la principal calamidad que ha sufrido el sistema de administración de justicia ha sido la mora judicial, la cual trastorna todo sentido de justicia en la población, y, sobre todo, lacera la vida de quienes la padecen», dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte trabajan a partir de casos ingresados en el 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes pendientes con más de seis meses, con el fin de erradicar la mora.
Sin embargo, todavía arrastran dificultades. En el mismo discurso, dijo que la Sala Civil, la que más casos recibe, le resta 506 casos para lograr la meta; mientras que la Sala Penal quedó a resolver otros dos expedientes.
En tanto que la Tercera Sala, o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-tributaria y Contencioso-Administrativa, redujo la mora judicial a 459 casos inconclusos.
«El desafío actual es que en la justicia dominicana no haya casos que superen la duración de los plazos establecidos», dijo Molina. «El trabajo contra la mora judicial se asemeja a la labor de nuestros agricultores: un esfuerzo paciente y constante de sembrar y cosechar, pero enfrentando persistentemente la maleza», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
