La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, se abstuvo de hacer comentarios sobre las declaraciones del director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onapre), Roberto Santana, acerca de una supuesta amenaza en su contra.
La magistrada afirmó que no tenía nada que opinar sobre las declaraciones de Santana, quien afirmó que las supuestas amenazas de Joel Ambioris Pimentel García («La J») fueron fabricadas por personal malintencionado de la Procuraduría General de la República.
“No tengo nada que opinar al respecto”, fue la única respuesta de Germán Brito al ser consultada por el Listín Diario, en relación con las declaraciones de Santana, dadas en una entrevista en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, Canal 9.
Santana afirmó que quienes fabricaron las amenazas lo hicieron con el fin de que Germán Brito removiera personal de la Procuraduría.
El 18 de abril del año pasado, el exrector de la UASD había declarado que en la Procuraduría operaba un «tren» con prácticas como corrupción, sabotaje y conspiraciones.
Añadió que la propia Germán Brito había sido víctima de este complot, orquestado por un presunto grupo de conspiradores que se oponen a los cambios dentro del Ministerio Público.
“Todo eso era falso, todo fue inventado dentro de la Procuraduría para que Miriam removiera gente. Pero Miriam es una persona tozuda. Todo el mundo lo sabe: Miriam dijo ‘no, yo no voy a remover a nadie”, expresó.
Santana insistió en que en el organismo operan “mafias ancestrales” que cada cierto tiempo resurgen en busca de beneficios personales.
Además, señaló que las mafias operan también dentro del sistema penitenciario desde 2016. Según su versión, entre ese año y 2020 se asignaron agentes policiales a las cárceles “para que se buscarán dinero”, una asignación que, según él, ocurrió desde la Procuraduría.
“Desde la Procuraduría de la República ha existido una contrarreforma penitenciaria desde 2016 hasta hoy… Hay intereses de todo tipo: mafiosos, económicos, hay de todo en la Procuraduría”, sostuvo.
Aseguró que entre 2020 y 2024 continuó el deterioro en el sistema penitenciario, relacionado con la reducción del tiempo de formación del personal de un año a seis meses, así como con el retiro de incentivos a quienes laboran en el sistema carcelario.
“Esos grupos han estado medrando en el Estado, no solo en la Procuraduría, sino en otras instancias del Estado; es una batalla”, agregó.
Finalmente, indicó que estas mafias están alineadas con la agenda del procurador de turno, defendiendo que ni Radhamés Jiménez ni Francisco Domínguez Brito habían enfrentado esa situación.
En junio de 2023, se reveló que Joel Ambioris Pimentel García, conocido como “La J”, había amenazado a la procuradora, mencionando la posibilidad de atentar contra su hijo, lo que fue confirmado por ella al ser abordada por la prensa en ese entonces.
