Mediante este recurso, los implicados en el sonado caso buscan declarar la “ilegalidad del arresto” o la “detención ilegal y arbitraria”
En la mañana del lunes 13 de enero correspondía el conocimiento del recurso de habeas corpus interpuesto por José Nicolás Castillo Hart “Nikito” y Winston Armando Tejera Rodríguez “Barbikin”, implicados en la Operación Panthera 7 que busca a los responsables del decomiso de 9.8 toneladas de cocaína realizado en el Puerto Multimodal Caucedo.
Fue remitido a sala por la jueza Karen Casado, pero no fue conocido en la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este a falta de la firma de la magistrada. De esto, en un escrito de la abogada defensora Adalquiris Lespín Abreu, establece que “aún no hemos recibido convocatoria alguna del tribunal”.
Mediante este recurso, los implicados en el sonado caso buscan declarar la “ilegalidad del arresto” o la “detención ilegal y arbitraria”, visto que Nikito fue puesto bajo custodia en fecha 11 de enero a las 2:32 de la tarde, en tanto que Barbikin a las 6:49 p.m. de ese día.
“Una solicitud de medida de coerción aparentemente en esa jurisdicción tiene más peso y más carácter que una acción constitucional de amparo de habeas corpus”, cuestionó Lespín Abreu ante la continuidad del conocimiento de la medida cautelar, que fue aplazada por segunda vez, en lugar de dar carácter al recurso.
Por la calificación jurídica del Ministerio Público sugiere que, de acuerdo a la teoría fáctica y probatoria presentada, estos cometieron los ilícitos de violaciones a los artículos 56, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referentes a la “asociación de malhechores”.
De igual forma, de incumplir con la Ley 50-88 acerca de Drogas Narcóticas, violentando disposiciones que germinaron en “tráfico de drogas y patrocinio”.
Estos ilícitos igual les imputan a Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo y Dulvi Jesús De los Santos, otros vinculados a la incautación de narcóticos.
Lo propio en contra de Enriquillo Luis Brito, director del distrito municipal de Bayahibe, y su hijo Enrique José Luis Brito, aunque a estos también les adjudican cuestiones relacionadas con la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, además de lavado de activos.
Las autoridades del Ministerio Público, en un expediente a cargo del procurador fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, buscan que el caso sea declarado complejo y solicitan prisión preventiva a los siete imputados.
La audiencia de solicitud de la medida de coerción acorde con la Operación Panthera 7 recibió un segundo aplazamiento, y esta vez fue fijada para el viernes 24 de enero en horas de la mañana.
La medida de coerción se conoce en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo.
Sobre el recurso…
La Constitución dominicana reconoce el habeas corpus entre los derechos fundamentales. Dice, en el artículo 71: “toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad”.
