Diferentes gestiones han enfrentado acusaciones de alteraciones, acoso laboral, juicios políticos y alzas salariales.
Escándalos protagonizados por sus titulares, alteraciones a auditorías, amenazas de juicios políticos, alzas salariales sin justificación y acusaciones de acoso laboral, entre otras denuncias, han caracterizado las últimas gestiones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
El actual presidente del organismo y el pleno que conforma la CCRD no escapan de esta ola de escándalos, siendo Janel Ramírez Sánchez, presidente de la entidad, acusado de acoso laboral a varias colaboradoras a tan solo un año de asumir la presidencia en el 2021, aunque fue favorecido por la Procuraduría General de la República, en el 2023.
Aunque la actitud de Ramírez Sánchez fue considerada como “inadecuada o impropia”, no constituía una conducta punible “de conformidad con nuestra legislación”, según el informe de los procuradores adjuntos que realizaron la investigación, Fernando Quezada e Isis De La Cruz.
El presidente de la CCRD, al participar en una entrevista en el programa televisivo “El Día” en mayo de 2023, además de defenderse de tales señalamientos, aseveró ser un “preso de confianza” de la institución, donde existía ingobernabilidad, agregando que quienes tomaban las decisiones eran los demás integrantes del pleno.
Además de Ramírez, el pleno está integrado por Elsa María Catano Ramírez (vicepresidenta), Tomasina Tolentino de Mckenzie (secretaria), Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña.
Con los señalamientos de acoso también se denunciaron “varios ilícitos”. Estas acusaciones llegaron al entonces presidente de la Cámara del Senado, Eduardo Estrella, por la vicepresidenta, secretaria y la miembro del pleno, Elsa Peña.
A estas tres mujeres, Sánchez Ramírez las señaló como quienes organizaban sin contar con su presencia sesiones y tomaban decisiones arbitrarias a los lineamientos de la institución, quedando divididos en dos bandos, uno conformado por él y Mario Arturo Fernández Burgos y el otro por las féminas.
Gestión anterior
La administración anterior de la Cámara de Cuentas, presidida por Hugo Francisco Álvarez Pérez, entre 2017 y 2021, también se vio envuelta en varios escándalos.
El ex titular de la Cámara reveló que en ese organismo existían presiones internas y externas, “de funcionarios, empresarios y hasta de amigos”.
En su periodo al frente de la CC, el pleno estaba conformado por Álvarez Pérez, Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán.
Esta gestión acaparó titulares tras reportar RD$73,475.00 en la compra de cigarros de marcas costosas, asimismo se registraron gastos en compras de bebidas alcohólicas, mayormente vinos, champagne y whisky.
Al inicio de esa gestión en el 2017, un aumento sin justificación solicitado por el presidente de la institución se ubicó en el ojo del huracán.
El sueldo de Álvarez Pérez pasó de RD$350,000 a RD$423,500. Los demás miembros también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta RD$379,097.
No obstante, Álvarez Pérez justificó, a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Rubén Maldonado, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador salarial instituido mediante una resolución del 2013, o sea, en el pleno pasado.
Participación Ciudadana (PC) también denunció en el 2019 que la CCRD solo realizó 356 auditorías en siete años (2012-2019).
Operación Caracol
Este pleno salió de la CCRD en medio de las acusaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en 2021, en la denominada “Operación Caracol”. Las imputaciones incluyeron evidencias de “maquillaje” de auditorías, con alteraciones para favorecer instituciones y sus titulares, para encubrir actos violatorios a la ley.
Al finalizar los allanamientos, el entonces director de la PEPCA, Wilson Camacho aseveró el hallazgo de miles de documentos y evidencias sospechosas, acusando a la Cámara de Cuentas como parte del problema y no de la solución, siendo “cómplice de la corrupción” y actuando en detrimento de la democracia dominicana.
Con el paso de los años, las pruebas incautadas por la Procuraduría General de la República (PGR) quedaron en el polvo del olvido y en cajones, ya que no se le ha dado continuidad a la operación.
Escándalo
En el 2007, el escándalo de la institución presidida entonces por Andrés Terrero fue entorno al aumento de sueldo, pasando de cobrar RD$300,000 a cobrar más de RD$600,000 mensuales.
Las críticas que generó esta acción dejaron sin efecto la disposición en mayo de ese mismo año.
Años más tarde, el pleno encabezado por Terrero fue sometido al escarmiento y a un juicio político en 2018, bajo acusaciones de “lucha de intereses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irregulares sin las licitaciones adecuadas”.
La gravedad de las acusaciones los empujaron a renunciar a él y a los titulares Henry Mejía, José A. Maceo, Juan Adalberto Lora Ruiz, Freddy Almonte Brito, Luis Yépez Súncar, José Altagracia Gregorio y Ulises de Beras de la Cruz. Alcides Decena Lugo se negó a renunciar y fue destituido.
Nuevo pleno
En la actualidad, el Congreso Nacional se encuentra en proceso de selección de los nuevos miembros del pleno para los próximos cuatro años. Janel Ramírez, Elsa Peña y Mario Arturo Fernández intentaron repostularse al cargo, aspiraciones que quedaron en el aire tras quedar fuera de la preselección realizada por la comisión de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con lo explicado por el diputado Rogelio Genao, presidente de la comisión permanente de la Cámara de Cuentas, fueron escogidas de manera preliminar 25 personas, que deberán ser reducidas a 15 cuando los congresistas de la cámara baja voten por el informe.
Los cinco quintetos de propuestas se convertirán en ternas al pasar a las manos de los 32 senadores, quienes deberán votar las recomendaciones, quedando únicamente con cinco de los quince perfiles.
