Los reconocidos periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez han interpuesto querellas penales contra cuatro individuos por difamación e injuria a través de medios digitales.
Querellla contra comunicadores por difamación
Las querellas han sido presentadas contra cuatro ciudadanos que se dedican a la comunicación en redes sociales y medios digitales: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández. Los querellantes atribuyen a los acusados la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Cuatro distinguidos profesionales del periodismo y la producción televisiva presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria en medios digitales. Las acciones judiciales, fundamentadas en principios democráticos como la libertad de prensa y de expresión, ejercidas con responsabilidad, han sido interpuestas por los profesionales de la comunicación Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.
De acuerdo con la declaración de prensa proporcionada por los abogados, las expresiones emitidas por los representantes de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han rebasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, convirtiéndose en ataques de naturaleza personal que han ocasionado consecuencias reputacionales de gran gravedad.
La información fue facilitada por un equipo legal representante de los querellantes, compuesto por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
La nota señala que estas acciones no tienen como objetivo limitar el debate público ni restringir la crítica. Por el contrario, su finalidad es proteger a la ciudadanía frente al uso indebido de plataformas de comunicación para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de las personas que desempeñan funciones públicas.
El documento dirigido a los medios de comunicación expone que, si bien cada querella se fundamenta en circunstancias específicas, todas convergen en un objetivo común: revitalizar el espacio público, fomentar un diálogo respetuoso y contribuir a una cultura democrática donde las discrepancias se aborden con argumentos, en lugar de agravios.
Los signatarios reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho y el uso adecuado de los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos. Se ha expresado que no es posible confundir la libertad con la impunidad. El comunicado finaliza con una invitación a la coexistencia democrática, el respeto recíproco y la utilización responsable de las libertades públicas como instrumentos de construcción colectiva, y no de destrucción personal.
