Desde este sábado, las empresas y entidades públicas tienen prohibido efectuar llamadas comerciales a través de móviles, en virtud de un plan del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública encaminado a combatir las estafas telefónicas y por mensajería móvil.
A partir de hoy, solo se pueden realizar llamadas comerciales desde números atribuidos específicamente para este fin (por ejemplo, el 1004 de Telefónica) o desde un sistema de numeración que identifica la ubicación geográfica de una línea, según han informado fuentes del Ministerio.
Las llamadas comerciales sin consentimiento previo ya estaban prohibidas desde junio de 2023, cuando entró en vigor la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Ahora se ha dado un paso más, en este caso, encaminado a prevenir posibles estafas.
Como novedad, sí podrán realizarse llamadas de este tipo desde un 900 u 800, números que antes solo estaban habilitados para realizar llamadas y ahora también para recibirlas, y serán gratuitos.
Estas medidas forman parte de un plan contra este tipo de estafas, que se incluyó en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 15 de febrero y que entró en vigor en una primera fase el pasado 7 de marzo.
Desde ese día, los operadores han tenido la obligación de bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido asignada a ningún usuario ni servicio, y ya han bloqueado más de 14 millones de llamadas, lo que supone una media de 235 600 y 10 000 mensajes al día, según anunció el Ministerio esta semana.
A partir de hoy entran en vigor dos nuevas medidas del plan: la prohibición de realizar llamadas comerciales desde móviles y la prohibición de efectuar llamadas y SMS de origen internacional que simulen haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano.
Esta medida se adopta teniendo en cuenta que las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, desde donde se simulan llamadas con numeración española.
Esta práctica es una de las más comunes en los intentos de fraude telefónico.
La mayoría de estos bloqueos se han efectuado desde Telefónica, han informado a EFE fuentes del operador: «Nuestra temprana implantación de los mecanismos de bloqueo hace que la mayor parte se hayan efectuado desde nuestra red».
Según ha explicado, aunque esta medida entra en vigor este sábado, la multinacional española ha sido «pionera» en aplicar desde marzo el bloqueo de llamadas y mensajes con origen internacional y que utilicen numeración española, excepto en caso de itinerancia internacional legítima.
La última medida del plan, que entrará en vigor el 7 de junio de 2026, es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS, con el fin de evitar las comunicaciones en las que se manipule la identidad del emisor.
En junio de 2026 entrará en vigor una base de datos oficial para bloquear intentos de suplantación.
Esta base de datos, que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores.
De este modo, se garantizará la autenticidad de las comunicaciones, se protegerá la identidad de las entidades legítimas y se facilitará la detección y bloqueo de intentos de suplantación.
En estas llamadas, se suele pedir al ciudadano que facilite sus claves personales, que acceda a una página web o llame a un número de teléfono, que realice una transferencia o que contrate un servicio.
Según datos del Ministerio de Transformación Digital, países como Finlandia han adoptado medidas similares y han reducido sus estafas en un 90 %.
Países como Finlandia han reducido sus estafas en un 90 % con medidas similares.
El incumplimiento de estas medidas está tipificado en la Ley General de Telecomunicaciones como infracción grave y se puede sancionar con una multa de hasta 2 millones de euros, según fuentes del Ministerio.
Según dichas fuentes, cuando se empezó a tramitar la orden, a principios del año pasado, el 50 % de los fraudes se cometían mediante estas prácticas a las que afecta la normativa, que está en línea con medidas ya implantadas en Francia, Alemania y Bélgica, además de Finlandia.
