El productor de televisión Brian Saldaña Germán interpuso una querella formal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, demandando RD$130 millones a los dueños de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, que causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos, entre ellos su esposa.
La demanda, que abarca más de diez páginas, señala a la empresa Inversiones E y L SRL y a sus ejecutivos Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat de Beras y Grecia López, por negligencia grave, violando el Código Penal y Civil dominicano y la ley 479-08 sobre sociedades comerciales.
Entre las víctimas estaba Ruth Elisa Seijas Jerez, esposa de Saldaña y subgerente bancaria, cuya pérdida ha generado un impacto emocional y económico profundo en su familia, especialmente en su hijo menor.
Saldaña solicita medidas cautelares para los acusados: prisión preventiva para Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, y presentación periódica con prohibición de salida del país para Grecia López. La querella incluye solicitudes de peritajes forenses sobre la estructura del edificio, necropsia del cuerpo de su esposa, análisis de videos del colapso y revisión de licencias de construcción, operación y seguros relacionados con la discoteca.
El productor se reserva el derecho de presentar acusación directa o subsidiaria si no está satisfecho con la investigación del Ministerio Público.
Este caso se suma a la tragedia ocurrida en un local que funcionaba desde 1973 y que había sufrido un incendio en 2023, aunque fue declarado estructuralmente seguro. Expertos han señalado que el techo, con columnas laterales estrechas y sin soporte central, pudo colapsar por el peso y deterioro del concreto, agravado por maquinaria pesada y daños previos.
La discoteca estaba a máxima capacidad durante un concierto de merengue cuando el techo cedió sin aviso, causando una de las peores tragedias en la historia reciente del país, con víctimas nacionales e internacionales, incluyendo figuras públicas y artistas.
La familia Saldaña, junto a otros afectados, exige justicia y una respuesta efectiva de las autoridades, ante la percepción de impunidad y falta de consecuencias legales para los responsables, mientras continúan las investigaciones y procesos judiciales.
Esta demanda representa un paso crucial para buscar reparación y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en establecimientos públicos del país.
