El Tribunal Comercial de Bamako ordenó este lunes que la mina de oro Loulo-Gounkoto, operada por la canadiense Barrick Mining, retome sus actividades bajo una administración provisional estatal por seis meses, encabezada por el exministro de Salud Soumana Makadji. Esta decisión surge tras el cierre de la mina en enero, provocado por la suspensión de operaciones de Barrick en respuesta a la incautación de tres toneladas de oro por parte del gobierno maliense en noviembre de 2024.
La mina, una de las más lucrativas de África Occidental, está en el centro de un conflicto que comenzó con la aprobación en 2023 de un nuevo código minero en Malí. Esta normativa eleva la participación estatal en proyectos auríferos del 20 % al 35 % y aumenta las cargas fiscales para las empresas extranjeras. El Estado, que posee el 20 % del complejo, bloqueó las exportaciones y confiscó reservas de oro, lo que llevó a Barrick a excluir la mina de sus proyecciones de producción para 2025.
Barrick sostiene que no puede continuar sin garantías para exportar el metal y ha iniciado un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La empresa también denuncia detenciones arbitrarias de cuatro empleados locales y una orden de arresto contra su CEO, Mark Bristow, acusaciones que considera violaciones a los derechos humanos.
El gobierno maliense justifica su intervención alegando incumplimientos contractuales por parte de Barrick y la necesidad de proteger los intereses nacionales. Con el precio del oro en alza, Malí estima que la mina podría generar ingresos por más de 1,000 millones de dólares anuales si se reanuda la producción.
Este conflicto ha generado incertidumbre en el sector minero del país y podría afectar la inversión extranjera en un contexto político ya inestable. Aunque persisten negociaciones, el futuro de la mina y la relación entre Barrick y Malí dependen de un acuerdo que respete el nuevo marco legal y las demandas fiscales del Estado
