El Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo presentó ante la Cámara de Diputados una resolución mediante la cual se insta a la interpelación del doctor Santiago Hazim, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con el propósito de que presente un informe exhaustivo sobre la situación financiera actual de la institución y las repercusiones que esta ha tenido en la prestación de servicios de salud a millones de dominicanos.
De acuerdo con la resolución, SeNaSa, en su calidad de única Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública del país, exhibe un preocupante nivel de morosidad en los pagos a clínicas, hospitales, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud, lo que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), se ha producido un incremento significativo en el porcentaje de cuentas por pagar a proveedores con más de 31 días de retraso. Dicho incremento, del 0,97 % en 2021 a un 44,00 % en 2024, triplica los niveles registrados en 2022.
Dentro de las motivaciones Además, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) denunció que 26 centros de salud han cerrado sus puertas debido a la falta de pago por parte de SeNaSa, convirtiéndose en la única ARS que no ha cumplido ni siquiera con el 25% de los compromisos asumidos. “Todas las ARS han pagado ese 25%, excepto SeNaSa”, explicó un representante del gremio.
Suspensión de servicios
La situación también ha generado quejas generalizadas entre los afiliados, quienes denuncian demoras en las autorizaciones, suspensión de servicios como la entrega a domicilio de medicamentos, e imposición de copagos no previstos, afectando especialmente a pacientes con condiciones crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer.
La resolución señala además que existen indicios de que más de dos millones de personas fueron incorporadas al régimen subsidiado sin cumplir con los requisitos legales, presuntamente con fines político-electorales, lo que ha producido un déficit operativo superior a los RD$3,372 millones.
En ese contexto, el Gobierno habría propuesto medidas cuestionables como la redistribución del recaudo del Plan Básico de Salud y el retiro de fondos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), afectando la estabilidad del sistema y los derechos adquiridos de los trabajadores.
Los diputados proponentes han solicitado que el doctor Hazim comparezca ante el Pleno de la Cámara para presentar los estados financieros de SeNaSa de los últimos años, así como detalles de la ejecución presupuestaria, transferencias recibidas y pagos realizados, en cumplimiento del deber constitucional de fiscalización de los funcionarios públicos.
“La situación actual compromete el derecho a la salud de más de 5.7 millones de dominicanos y constituye una amenaza sistémica para el modelo de seguridad social. Se requiere una acción inmediata, transparente y responsable por parte del Estado”, estableció el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo.
