Equipos de rescate reanudaron este sábado la búsqueda de al menos veinte personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que intentaba llegar a Puerto Rico. Las labores se han visto complicadas por la presencia de sargazo, oleajes fuertes y baja visibilidad.
El accidente, ocurrido el viernes, ha dejado hasta ahora cuatro muertos y 17 sobrevivientes, según confirmó la Defensa Civil. Entre los pasajeros se encontraban entre 40 y 50 migrantes, principalmente dominicanos y haitianos.
El sargazo, un alga marina que forma grandes bancos flotantes, dificulta la localización de cuerpos y objetos en el agua. Además, nubes de polvo provenientes del desierto del Sahara, que suelen afectar la región caribeña entre mayo y septiembre, han reducido la visibilidad aérea, complicando aún más las operaciones, explicó Juan Salas, director de la Defensa Civil.
Para acelerar la búsqueda, se han sumado más embarcaciones a la zona, con la urgencia de encontrar posibles sobrevivientes lo antes posible.
Los fallecidos recuperados hasta el momento incluyen una mujer y tres hombres que viajaban en una “yola”, nombre que reciben las pequeñas lanchas usadas frecuentemente para transportar migrantes de manera irregular hacia Puerto Rico, un territorio asociado a Estados Unidos. Estas embarcaciones, construidas con madera o fibra de vidrio, pueden llevar hasta 100 personas, aunque carecen de las condiciones mínimas de seguridad.
La ruta marítima desde la costa este de República Dominicana, cerca de Punta Cana, hasta Puerto Rico abarca aproximadamente 130 kilómetros. En la última década, el flujo de migrantes que intentan llegar ilegalmente a Puerto Rico ha aumentado notablemente.
El costo de estos viajes puede superar los 7,000 dólares, según reportes de prensa, lo que refleja la desesperación y los riesgos que asumen quienes buscan mejores oportunidades.
Este fenómeno migratorio no solo representa un riesgo para la vida de quienes viajan en estas embarcaciones precarias, sino que también genera un desafío humanitario y de seguridad para ambos países. Las autoridades dominicanas y puertorriqueñas han reforzado la vigilancia marítima, pero la creciente demanda y las condiciones peligrosas del mar continúan poniendo en peligro a miles cada año.
