El lunes por la mañana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) capturó a Christhian Aybar Berroa, el segundo sospechoso vinculado a un intento de robo que resultó en un agente de la Patrulla Fronteriza herido en el rostro y antebrazo izquierdo.
Aybar Berroa, un dominicano de 21 años indocumentado desde 2022, fue detenido tras permanecer prófugo luego del tiroteo ocurrido el sábado en un parque frente al río Hudson, donde el agente, fuera de servicio, fue atacado al estar sentado junto a una acompañante. Durante el enfrentamiento el agente también logró herir a Aybar Berroa.
El primer arrestado es Miguel Francisco Mora Núñez, también dominicano, señalado como el agresor que disparó al agente. Mora Núñez ingresó ilegalmente al país en abril de 2023 y posee antecedentes penales graves como cargos de secuestro, agresiones y amenazas con arma blanca. Actualmente se encuentra bajo custodia médica en un hospital del Bronx debido a heridas de bala que sufrió en el choque con el agente.
Ambos sospechosos tienen un historial delictivo significativo en Nueva York y Massachusetts, y ambos fueron liberados anteriormente pese a órdenes de detención federal. Esto ha generado críticas del gobierno federal, especialmente de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien responsabiliza a las políticas de “ciudades santuario” como Nueva York por dificultar la cooperación con las autoridades migratorias y facilitar su liberación.
El agente de 42 años, que resultó herido pero se encuentra estable tras cirugía, trabaja para Aduanas y Protección Fronteriza. El ataque ha reavivado el debate sobre las leyes locales que limitan la participación de la policía en la detención de inmigrantes con estatus irregular, y las preocupaciones sobre la seguridad pública en estas jurisdicciones.
Adicionalmente, se sabe que Aybar Berroa tenía múltiples arrestos en Nueva York por delitos como hurto y conducción imprudente, y un juez federal ordenó su deportación definitiva en 2023, orden que no fue cumplida a tiempo por las autoridades locales.
Este caso subraya las tensiones entre las políticas migratorias federales y las municipales, y el desafío de manejar la seguridad pública cuando existen restricciones en la colaboración interinstitucional.
