Más de mil personas, incluyendo a la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas Graciela, Esther y Adriana, entregaron una carta abierta al presidente Luis Abinader para expresar su preocupación por los retrocesos en derechos humanos que conlleva la aprobación del nuevo Código Penal en su versión vigente.
El documento, firmado por activistas, académicos, juristas, periodistas, profesionales y miembros de organizaciones sociales, exige una legislación que garantice la protección de la vida, la dignidad y la justicia, con énfasis en mujeres y niñas vulnerables.
La misiva resalta que esta no es una simple reforma legal, sino una decisión con impacto profundo en la ética y el tejido social del país. Pone en evidencia que la definición de feminicidio es demasiado limitada, cubriendo solo tres circunstancias, lo que invisibiliza muchos casos de violencia mortal contra mujeres.
Asimismo, denuncia las dificultades para probar delitos de violencia intrafamiliar, lo que dificulta la justicia y contraviene normas internacionales. Otro punto clave es la prescripción de delitos sexuales, incluso en casos de incesto o violación infantil, fomentando la impunidad.
El Código también endurece la criminalización del aborto al eliminar las tres causales mínimas aceptadas internacionalmente: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violencia sexual. Esto pone en riesgo la vida y libertad de miles de mujeres.
El documento enfatiza que una legislación insuficiente no es neutral, sino que refleja ignorancia sobre la realidad que enfrentan muchas dominicanas. Cabe recordar que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el país, y la penalización perpetúa la violencia contra las víctimas.
Los firmantes instan al presidente Abinader a vetar esta versión del Código Penal y a enviar observaciones al Congreso para corregir sus graves deficiencias.
Este reclamo coincide con alertas internacionales sobre la necesidad de que los códigos penales en América Latina incluyan medidas efectivas para proteger a las mujeres de la violencia de género y garantizar derechos reproductivos. Expertas señalan que leyes limitadas o punitivas contribuyen a perpetuar ciclos de abuso e inacción judicial.
