El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, ha revelado a través de su cuenta en X que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha declarado inadmisible un recurso interpuesto por la empresa Valdez Professional Training Systems, del señor Juan Valdez, contra la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General Adjunta (PGA).
En una serie de publicaciones en la red social anteriormente mencionada, Pimentel explicó que el recurso en cuestión estaba relacionado con un contrato valorado en 598 millones de RD$ que había sido suscrito con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para la ejecución del programa «Bachilleres Bilingües Productivos».
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, ha revelado a través de su cuenta en X que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha declarado inadmisible un recurso interpuesto por la empresa Valdez Professional Training Systems, del señor Juan Valdez, contra la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General Adjunta (PGA).
En una serie de publicaciones en la red social anteriormente mencionada, el Sr. Pimentel explicó que el recurso en cuestión estaba relacionado con un contrato valorado en 598 millones de RD$ que había sido suscrito con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para la ejecución del programa «Bachilleres Bilingües Productivos».
Detalló que el contrato en cuestión no fue registrado por la CGR a solicitud de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a irregularidades identificadas y señaló que a pesar de que Valdez alegó que la CGR rechazó el registro sin fundamentos, nunca presentó un acto administrativo formal que sustentara su recurso, lo cual fue determinante para que el TSA lo declarara inadmisible.
Precisó además que Valdez Professional Training Systems solicitó al tribunal que impusiera multas diarias de RD$200,000 a la CGR, pero que esa petición también fue rechazada.
El titular de la DGCP subrayó que en el proceso, tanto la CGR como la PGA señalaron que el contrato ya había sido anulado y rescindido, por lo que no existía un objeto procesal sobre el cual decidir.
Manifestó que el TSA coincidió con este planteamiento y determinó que, al no existir un acto administrativo impugnado ni objeto de controversia, el recurso era improcedente.
Carlos Pimentel concluyó su hilo en X señalando que ninguna de las pretensiones de Valdez prosperó, y que este fallo confirma que el contrato nunca fue registrado, fue rescindido y no tiene validez judicial.
