La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destacó este miércoles los progresos alcanzados por República Dominicana en materia de apertura judicial durante los últimos años, resaltando medidas que fortalecen la transparencia y el acceso ciudadano.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, recordó que la digitalización de procesos, la difusión de sentencias en línea y la creación de estadísticas judiciales representan pasos importantes hacia un sistema más accesible y confiable. Mencionó además iniciativas como la Juriteca y el Acceso Digital a Expedientes, que facilitan la consulta pública sin necesidad de trámites presenciales.
Entre los avances resaltó la integración del país a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), lo que ha permitido desarrollar un Plan de Justicia Abierta con compromisos concretos en favor de la transparencia y la participación ciudadana. Destacó también el papel del Observatorio del Poder Judicial, los Centros de Mediación de Conflictos y las Casas Comunitarias de Justicia, que llevan soluciones legales a comunidades alejadas y fomentan la resolución pacífica.
En el ámbito académico, señaló el programa Justicia y Sociedad, impulsado por la Escuela Nacional de la Judicatura, a través del cual se han realizado más de 90 actividades que han impactado directamente a unas 4,700 personas, conectando el rol de jueces con las realidades locales.
Retos aún por superar
Pese a los avances, Finjus advirtió que persisten barreras estructurales que limitan el acceso igualitario. Entre ellas, el uso de un lenguaje jurídico poco comprensible y la concentración de servicios en zonas urbanas, lo que deja a comunidades vulnerables en desventaja. Castaños Guzmán llamó a promover plataformas digitales más inclusivas, mecanismos permanentes de consulta ciudadana y un compromiso institucional para que la justicia abierta se convierta en parte de la cultura democrática del país.
El impulso hacia una justicia más transparente no es exclusivo de República Dominicana. Organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han insistido en que la apertura judicial fortalece la confianza pública y la legitimidad de los sistemas democráticos. En países de la región, como Chile y México, la digitalización de expedientes y la implementación de observatorios ciudadanos han sido claves para lograr procesos más confiables y participativos.
Con estos avances y desafíos sobre la mesa, Finjus reafirmó su compromiso de seguir acompañando e impulsando acciones que construyan un sistema judicial más accesible, claro y cercano a la ciudadanía.
