El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que las muertes por intervención policial han aumentado un 19,5 % en los últimos cuatro años y que se trata de un patrón creciente de muertes a manos de agentes de la Policía Nacional que se han reportado como «intercambios de disparos».
Según la organización opositora, las muertes reportadas como «intercambios de disparos» podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, según la evidencia pública y los estándares internacionales.
La organización opositora afirma que, en los últimos meses, se han registrado unas 50 muertes en hechos que podrían ser catalogados como violaciones de los derechos humanos y que, solo en el mes de julio, se produjeron 82 casos.
Al mismo tiempo, contrastó que el Gobierno había informado de una tasa de homicidios de un solo dígito (7,9 en mayo y 8,22 en julio de 2025).
La organización política lo expuso en una rueda de prensa celebrada este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, en la que Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD y portavoz, estuvo acompañado por Juan Temístocles Montás, Zoraima Cuello y Domingo Jiménez Reyes, miembros del Comité Político.
El PLD exigió que se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota, estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales), garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
También reclama la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones, demanda del uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
Asimismo, solicitó la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad, entre otros.
La organización política propuso además acciones inmediatas como la creación una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas, regla de 72 horas: publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
Igualmente, cobertura nacional de cámaras corporales y protocolo de activación obligatoria, con integración a la cadena de custodia digital, plan de capacitación y asistencia técnica.
Sugiere implementar programa de capacitación y recertificación en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales para las unidades de mayor letalidad y asistencia técnica internacional (CIDH/ONU) para revisar el marco operativo y elevar los estándares de rendición de cuentas.
“Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición de los hechos que denunciamos. Ninguna política pública debe medir su éxito por la cantidad de “abatidos”, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucio
