Javier Milei ha vetado una ley que destinaba fondos a universidades públicas. Este acto ha generado controversia y reacciones en el ámbito educativo y político, dado que la ley tenía como objetivo apoyar el financiamiento de estas instituciones.
Este veto se produce en un contexto donde el acceso a la educación superior es un tema crucial, especialmente en un país donde muchas universidades dependen de los recursos estatales para funcionar adecuadamente. La decisión de Milei plantea interrogantes sobre el futuro del financiamiento educativo en Argentina.
Al vetar la norma, Milei alegó que la ley aprobada por el Parlamento el pasado 21 de agosto presenta «importantes deficiencias» legales al no especificar las fuentes de financiación para afrontar los gastos que genera su aplicación y que «la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable».
La ley aprobada por el Congreso establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y el personal no docente del sector de la educación superior.
La ley aprobada por el Congreso establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y el personal no docente del sector de la educación superior.
Según Milei, la norma «incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto» y «genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables».
De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la inversión en universidades nacionales cayó en 2024 un 22,1 % y se proyecta un retroceso adicional del 8,6 % para 2025 en términos reales.
Según el estudio, en el escenario del severo ajuste fiscal sostenido por el Gobierno del ultraderechista Milei, el presupuesto universitario ha caído hasta representar este año un 0,5 % del PIB, su menor valor desde 2005, cuando tocó el 0,49 % del PIB.
El pasado 13 de agosto, el Gobierno de Milei anunció un alza del 7,5 % en los salarios de las universidades públicas entre septiembre y noviembre.
El incremento, rechazado por los sindicatos del sector, no llega a compensar la caída real acumulada por los salarios universitarios desde finales de 2023, cuando Milei llegó a la Presidencia, y que, según cálculos del Ciicti y la Fedun, es del 28,6 %.
Esta es la segunda vez que Milei veta una ley del Congreso que dispone mayores recursos para las universidades.
En 2024, Milei rechazó una ley que aumentaba la financiación universitaria, también alegando que la norma atentaba contra su objetivo de superávit fiscal.
En aquella ocasión, Milei logró que el Parlamento avalara su veto gracias al apoyo de algunos sectores aliados.
El panorama político en el Congreso es ahora diferente: la semana pasada el Congreso revirtió un veto de Milei a una ley que declara la emergencia en el área de discapacidad y el pasado domingo el partido del presidente sufrió un duro revés electoral que debilita su posición política para buscar apoyos parlamentarios.
En Argentina, el acceso a la educación universitaria pública es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.
El peso de la educación superior pública es notorio: unos 500.000 alumnos están matriculados en la educación universitaria privada y casi dos millones en universidades nacionales estatales.
