El Ministerio Público puso en marcha la operación Domo, con la que desmanteló una supuesta red dedicada a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de canales de televisión y plataformas de streaming reconocidos.
Según informó la institución en una nota de prensa, un equipo de 30 fiscales está al frente de 19 registros coordinados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Terrorismo, la Unidad de Investigación Criminal (UIC) y la Fiscalía del Distrito Nacional.
En la operación han participado también miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y del Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (DEIDET) de la Policía Nacional. Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público adelantó que los integrantes de la presunta red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.
Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.
«La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional», dice la nota de prensa.
El MP indicó que el supuesto esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
«El caso se suma a las acciones encaminadas por la actual gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones», detalló
El órgano manifestó que los implicados enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
