La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) han suscrito un acuerdo que exigirá a los proveedores del Estado la presentación de la certificación de pago al día de las obligaciones tributarias aduaneras para poder participar en los procesos de licitación pública. La medida entrará en vigor el 2 de enero de 2026.
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, ha manifestado que el objetivo principal es asegurar que los proveedores que suministran bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable. «Se trata de otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más institucionalidad y un Estado más confiable», afirmó.
Por su parte, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la medida refuerza los principios de integridad y legalidad en la administración pública. “Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, señaló.
La obligación está contemplada en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 47-25 sobre contrataciones públicas. La certificación será emitida únicamente a proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera. Aquellos con acuerdos de pago vigentes y al día podrán obtener la certificación sin inconvenientes, siempre que se mantengan al día al momento de suscribir contratos con entidades públicas y al registrarse ante la Contraloría General de la República.
Para los proveedores no registrados como contribuyentes, la DGA habilitará un portal en línea donde se podrá verificar su estatus ingresando el número de cédula o RNC.
Ambas instituciones emitirán además una circular conjunta dirigida a ministros, directores, administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y autónomas, recordando la obligatoriedad de cumplir con esta medida en todos los procesos de contratación pública.
El acuerdo se enmarca dentro de las políticas de gestión administrativa y fortalecimiento institucional impulsadas por el Poder Ejecutivo, orientadas a mejorar la recaudación, la eficiencia y la transparencia del Estado dominicano.
