El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ha expresado su apoyo a los esfuerzos realizados por la República Dominicana en su lucha contra la trata de personas. Aunque el país no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de este delito, el Departamento de Estado ha reconocido los significativos esfuerzos realizados por la República Dominicana para lograrlo.
Cabe señalar que Estados Unidos no solo reconoció los esfuerzos realizados por el país en materia de inversión extranjera, sino que también emitió críticas en relación con el sistema criollo, según lo expuesto en el informe «Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana».
Esta vez según el “Informe sobre la Trata de Personas 2025: República Dominicana” el Gobierno estadounidense reconoce el aumento de los esfuerzos del país en comparación con periodos anteriores, incrementando las investigaciones y procesamientos judiciales, el aumento de inspecciones laborales, la suspensión de “actividades de varias empresas de propiedad china tras detectar indicadores de trabajo forzoso”, la adopción de un Plan de Acción Nacional (PAN) 2025-2028 y tomó medidas para implementar un programa piloto gubernamental para registrar a los trabajadores migrantes con contratos de trabajo.
Pero a pesar de todo esto, Estados Unidos criticó que en el país las personas que luchan contra la trata de personas no estén preparadas adecuadamente, exista corrupción entre organismos. Además de que República Dominicana no garantizó servicios adecuados para todas las víctimas, entre otros.
“Los esfuerzos para investigar los casos de trata laboral e identificar a las víctimas de esta práctica siguieron siendo insuficientes a pesar de los avances, incluso en sectores con riesgo de trabajo forzoso”, dice el informe.
Explicaron que aunque en el 2024 se condenaron a varias personas encontradas culpables de trata y trata sexual, “la corrupción y la complicidad oficial en delitos de trata de personas siguieron siendo preocupaciones importantes”.
“Un observador informó que el nepotismo en los procesos de contratación resultó en que muchos puestos gubernamentales relacionados con la lucha contra la trata de personas fueran ocupados por personas sin la experiencia necesaria”, revela el informe.
Dentro de los hallazgos indican información suministrada por la Dirección General de Migración (DGM), quien indicó que canceló funcionariospor “aceptar sobornos y amenazar a las víctimas, filtrar información y detener ilegalmente a posibles víctimas en casos de tráfico ilícito de migrantes”.
De igual forma, el Gobierno dominicano informó a los Estados Unidos haber investigado a ocho funcionarios presuntamente cómplices en delitos de trata, incluidos los casos de un sargento de la Policía Nacional sospechoso de facilitar las operaciones de una red de trata sexual y un oficial que facilitó la entrada de víctimas de trata sexual al país.
“El Gobierno no informó de ninguna condena de funcionarios cómplices en delitos de trata”, dice el informe al señalar que en los casos de abuso sexual infantil o tráfico de migrantes, “los observadores informaron que el gobierno a veces optó por no perseguir los casos cuando las víctimas eran haitianas”.
En el informe Estados Unidos da una serie de recomendaciones a República Dominicana en la que está identificar proactivamente a las víctimas de trata, mediante la detección de indicadores de trata entre poblaciones vulnerables, incluso en los sectores de agricultura, construcción y turismo; trabajadores extranjeros; migrantes antes de su expulsión del país; y en empresas que se sabe que tienen indicadores de trabajo forzoso y prácticas comerciales desleales.
Además, agilizar la comunicación entre el Ministerio de Trabajo (MT) y la Fiscalía General de la Nación para facilitar la denuncia directa de casos de trabajo forzoso.
Investigar y procesar enérgicamente los delitos de trata y buscar sanciones apropiadas para los traficantes condenados, “incluidos los funcionarios cómplices, que deberían implicar penas de prisión significativas”.
Implementar plenamente la Ley 169-14 para expedir documentos de nacionalidad a los dominicanos elegibles.
Capacitar a los funcionarios, incluidos los inspectores laborales, los funcionarios de inmigración y la policía, en el uso de los procedimientos operativos estándar establecidos para la identificación proactiva de las víctimas de trata y para la derivación de las víctimas a los servicios de atención, incluso mediante capacitaciones continuas sobre trata de personas en las academias de policía.
Fomentar la confianza entre las víctimas y las fuerzas del orden para facilitar que las víctimas denuncien sus casos; ampliar el acceso consistente a la atención y garantizar la capacidad para abordar las necesidades específicas y únicas de las víctimas masculinas y femeninas, incluidos los niños.
Garantizar que las posibles víctimas de trata de niños, incluidas aquellas involucradas en pandillas y tráfico de drogas, sean examinadas, identificadas y derivadas a atención y no sean penalizadas inapropiadamente únicamente por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de trata.
Y por último expedir o renovar documentos de identidad a las poblaciones elegibles, incluidos los trabajadores temporales, para reducir la vulnerabilidad a la trata.
