El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y requerimiento de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.
Las autoridades establecen que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión que operaba en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
De acuerdo con el comunicado de prensa, los fiscales que realizaron la investigación determinaron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.
Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
En la instancia, depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público está representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También, por el procurador de corte Héctor García, los fiscales Magalys Sánchez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, y los fiscalizadores Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
La investigación se realizó a partir de una instrucción particular dictada por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional para que llevaran adelante el proceso penal, a fin de determinar las causas de la caída del techo de la discoteca Jet Set Club.
La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.
