El dirigente político José Dantés sostuvo que existen indicios preocupantes sobre el origen de una parte significativa del financiamiento recibido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la campaña electoral del año 2020. Según afirmó, dos aportes que suman más de RD$70 millones no cuentan con información sobre su procedencia, lo cual —a su juicio— podría vincularse a estructuras del narcotráfico que lograron infiltrarse en la política nacional durante ese período.
Aportes sin identificación: “42 millones en Santiago y 38 millones en La Vega”
Dantés explicó que los informes financieros del PRM depositados ante la Junta Central Electoral muestran dos grandes recaudaciones: una por RD$42 millones en Santiago y otra por RD$38 millones en La Vega. En ambos casos, los documentos del partido no especifican nombres, cédulas ni métodos de pago. El dirigente aseguró que estas cifras coinciden con las demarcaciones donde operaron figuras posteriormente acusadas o condenadas por narcotráfico, como el diputado Miguel Gutiérrez en Santiago y Micky López en La Vega, quienes —según él— exhibieron gran influencia política y económica durante la campaña.
Acusación de “patrón sistemático” en la entrada de narcos a la política
Dantés aseguró que lo ocurrido en el PRM no fue un hecho aislado, sino un “patrón claro” de penetración del crimen organizado en la esfera política. Recordó casos como el de Yamil Abreu, Juan Maldonado y otros aspirantes o funcionarios que terminaron siendo investigados o extraditados por Estados Unidos. El dirigente afirmó que el PRM habría permitido el ascenso político de individuos vinculados al narcotráfico, quienes incluso habrían financiado actividades partidarias y candidaturas municipales y congresuales.
Aseguran los partidos tienen mecanismos para evitar infiltración del narcotráfico al sistema. Tanto José Dantés como el ingeniero Ignacio Ditrem, de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, coincidieron en que los partidos políticos sí cuentan con mecanismos internos para evitar que personas ligadas al crimen organizado se postulen como candidatos o financien campañas. Señalaron que existe un sistema de depuración que incluye: solicitud de certificados de no antecedentes penales, investigación sobre actividades comerciales, revisión de origen de bienes y estilo de vida, evaluación de vínculos familiares y comunitarios, y detección de señales de alerta basadas en reputación y “rumor público”. Según explicaron, estas prácticas permiten identificar perfiles de alto riesgo incluso antes de que exista un proceso judicial formal.
