SANTO DOMINGO OESTE, R.D. – El abogado Yery Castro, en representación de la Sociedad de Abogados Litigantes de Santo Domingo Oeste (SDO), encabezó este miércoles un pronunciamiento en contra del traslado de la Sala Penal de la Corte de Apelación de esta demarcación hacia la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, al considerar que la medida colocaría en estado de indefensión a más de 700 mil ciudadanos.
Durante la lectura del manifiesto titulado “Por una Justicia Digna en SDO”, Castro afirmó que la lucha no responde a intereses particulares, sino a la defensa de un derecho constitucional fundamental: el acceso a una justicia pronta, digna, eficiente y cercana.
“Hoy alzamos la voz por los más de 700 mil ciudadanos de Santo Domingo Oeste que se encuentran en un estado de indefensión judicial. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho constitucional”, expresó el jurista.
El representante del gremio explicó que Santo Domingo Oeste es uno de los municipios con mayor densidad poblacional del país, con más de siete mil habitantes por kilómetro cuadrado, superando incluso a varias provincias. Recordó que esta realidad motivó que en el año 2016 el municipio fuera reconocido como jurisdicción penal, lo que dio paso a la creación de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dos juzgados de la instrucción, dos tribunales colegiados, una sala penal unipersonal de primera instancia y, posteriormente, la Sala Penal de la Corte de Apelación.
Castro destacó que la instalación de esa tercera sala de la Corte de Apelación ha impactado de manera positiva en la agilización de los procesos judiciales y en el acceso efectivo a la justicia para los residentes del municipio.
Asimismo, recordó que en el año 2022 ya se intentó trasladar dicha sala, esfuerzo que fue detenido tras la movilización del sector jurídico, y advirtió que ahora volverán a luchar para evitar lo que calificó como un retroceso institucional.
En ese contexto, la Sociedad de Abogados Litigantes de SDO exigió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Consejo del Poder Judicial (CPJ) la descentralización definitiva de los tribunales del municipio, y exhortó al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) a concluir la inversión de la ciudad judicial que actualmente se construye en esta demarcación.
Entre los argumentos expuestos, el gremio sostuvo que la Sala Penal de la Corte de Apelación constituye un derecho adquirido, que su traslado afectaría la tutela judicial efectiva y obligaría a miles de ciudadanos a desplazarse largas distancias, con el consiguiente gasto de tiempo, recursos y estrés.
“La justicia que tarda no es justicia; es una vulneración a la dignidad de nuestra gente. Santo Domingo Oeste ha crecido y merece una justicia a la altura de su población”, puntualizó Castro.
Finalmente, los abogados resaltaron que en Santo Domingo Oeste se construye una ciudad judicial acorde con las necesidades del municipio, la cual aseguraron será una de las más grandes del país y posiblemente de América Latina, por lo que consideraron innecesario trasladar la Corte a la zona oriental.
“No al traslado. La Corte es de nosotros. ¡Justicia para todos en Santo Domingo Oeste!”, concluyó el manifiesto.
