La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este domingo que convirtió en ley un controvertido proyecto que reconoce al no nacido como persona natural y que ha despertado el rechazo de múltiples sectores, incluidos profesionales de la salud.
El Proyecto del Senado 504 busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para clarificar que «el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno».
La medida es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de varios senadores conservadores, en su mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por la gobernadora.
Recientemente, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico hicieron un llamado urgente a la gobernadora para que no firmara el proyecto por considerarlo «un riesgo para la vida de mujeres gestantes».
En una carta, los firmantes advierten que el proyecto, que propone reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, representa una alteración sustancial al marco legal del Código Civil vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
La misiva fue firmada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ginecólogos obstetras, pediatras, neonatólogos, personal de enfermería y profesores de las Escuelas de Medicina.
«Bajo esta propuesta legislativa hay unos escenarios críticos que podrían volverse más peligrosos como los embarazos ectópicos, hemorragias masivas o desórdenes placentarios que requieren intervención inmediata«, explicó Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra.
La ginecóloga agregó que permitir la intervención legal de terceros -incluyendo exparejas o personas no vinculadas clínicamente- podría «retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante».
Los firmantes de la carta advirtieron sobre las complicaciones en casos en los que una persona gestante enfrenta un diagnóstico de cáncer durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar el derecho a interrumpir la gestación para permitir tratamientos que salvan la vida.
La misiva destaca además los casos de embarazos no viables o con malformaciones letales, donde la medida podría dar paso a que parejas o exparejas interfieran en decisiones médicas necesarias, obligando a continuar gestaciones que impactan la salud física y emocional de la persona embarazada.
Alertaron a su vez sobre el riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por razones médicas y denunciaron que la medida podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en casos de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante.
Por su parte, el ginecólogo obstetra Alberto de la Vega indicó que el proyecto podría generar disputas judiciales prolongadas incluso en casos de violación, donde el agresor podría intentar representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima
