Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos pueden ingresar por la fuerza a viviendas si sospechan la presencia de un migrante con orden de deportación final. Esto se basa en un memorando interno de la agencia, revisado por The Associated Press (AP), firmado el 12 de mayo de 2025 por el director interino Todd Lyons.
El documento indica que órdenes administrativas bastan para estos operativos, sin necesidad de aval judicial. La Oficina del Asesor General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concluye que la Constitución, la Ley de Inmigración y regulaciones no lo impiden. Esto marca un giro respecto a prácticas previas, que priorizaban warrants judiciales para proteger la Cuarta Enmienda.
La directiva se aplica en entrenamientos de nuevos agentes destinados a operaciones de deportación masiva, impulsadas por la administración Trump desde enero de 2025. Según AP, se entrena a reclutas con este memorando, ignorando materiales contradictorios, per declaraciones de un informante. No se detalla su alcance en redadas nacionales.
El contexto incluye protestas por acciones del ICE, como el tiroteo fatal de Renee Good, ciudadana estadounidense de 56 años, abatida por un agente durante una redada en Minneapolis el 3 de enero de 2026. Investigaciones preliminares apuntan a un error en la identificación, según reportes de medios locales y el Departamento de Justicia.
Defensores de derechos humanos critican la medida por violar protecciones constitucionales contra búsquedas irrazonables. Históricamente, fallos de la Corte Suprema como Payton v. New York (1980) exigen warrants para entradas domiciliarias. Grupos como la ACLU y gobiernos locales han recomendado no abrir puertas sin orden judicial.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, defiende las órdenes administrativas: otorgan debido proceso previo y causa probable, avalados por la Corte Suprema y el Congreso en casos migratorios.
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