Los abogados de Julio Iglesias valoran la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación por presunto acoso y agresión sexual a dos extrabajadoras y subrayan el «linchamiento público» que a su juicio ha sufrido «fruto de la orquestación de un montaje mediático», que le ha causado un daño «irreparable».
Fuentes del equipo jurídico del cantante se refirieron así este viernes a la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta contra él a raíz de una denuncia de dos exempleadas por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.
Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y señalaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.
Los abogados del cantante español expresan su satisfacción por esa decisión de la Fiscalía española y sostienen que «se ha basado en la legalidad y en la jurisprudencia vigente».
Sin embargo, no quieren pasar por alto «el linchamiento público» que el artista ha sufrido «fruto de la orquestación de un montaje mediático».
«El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar», dice el comunicado, que añade que seguirán trabajando «en pro de la justicia, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad».
También se pronunciaron sobre el archivo de la denuncia las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al artista en España y que consideraron «lamentable» la decisión, al tiempo que anunciaron que las dos mujeres «seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles».
Para su rechazo, la Fiscalía argumenta que la ley española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
