En Marruecos, ser homosexual es ilegal y se castiga con hasta tres años de prisión. Pero fue la violencia de su familia lo que obligó a Farah, una mujer lesbiana de 21 años, a huir del país.
Farah contó que, tras un largo viaje a Estados Unidos y una deportación a un tercer país por parte del gobierno de Trump, ahora ha vuelto a Marruecos y se mantiene escondida.
«Es difícil vivir y trabajar con el miedo de que mi familia vuelva a encontrarme», explicó Farah a The Associated Press, en un testimonio poco común de una persona deportada a través de un tercer país pese a tener órdenes de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos. «Pero no hay nada que pueda hacer. Tengo que trabajar».
Pidió ser identificada solo por su nombre de pila por temor a la persecución. AP vio su orden de protección y abogados verificaron partes de su relato.
Farah relató que, antes de huir, su familia y la familia de su pareja la golpearon cuando se enteraron de su relación. La echaron de la casa familiar y huyó con su pareja a otra ciudad. Afirmó que su familia la encontró e intentó matarla.
A través de un amigo, ella y su pareja se enteraron de la oportunidad de obtener visas para Brasil y volar allí con el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde tenían amigos. Desde Brasil, recorrió a pie seis países durante semanas para llegar a la frontera de Estados Unidos, donde solicitaron asilo.
«Te ponen en situaciones que son realmente horribles», recordó. «Cuando llegamos (a la frontera de Estados Unidos), pareció como si hubiera valido la pena el esfuerzo y como si hubiéramos alcanzado nuestro objetivo».
Llegaron a principios de 2025. Pero en lugar de encontrar la libertad para ser ella misma, Farah dijo que estuvo detenida durante casi un año, primero en Arizona y luego en Luisiana.
«Hacía mucho frío», comentó sobre la detención. «Y solo teníamos mantas muy finas». La atención médica era inadecuada, agregó.
Le negaron el asilo, pero en agosto recibió una orden de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos, quien determinó que no puede ser deportada a Marruecos porque eso pondría en peligro su vida. Su pareja, a quien le negaron el asilo y una orden de protección, fue deportada.
Farah dijo que faltaban tres días para una audiencia sobre su liberación cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la esposaron y la subieron a un avión con destino a un país africano que nunca había visitado y donde la homosexualidad es ilegal: Camerún. La ingresaron en un centro de detención.
«Me preguntaron si quería quedarme en Camerún, y les dije que no puedo quedarme en Camerún y arriesgar mi vida en un lugar donde seguiría estando en peligro», relató. La trasladaron en avión a Marruecos.
La mayoría de los deportados tenía órdenes de protección
Ella es una de decenas de personas cuya deportación desde Estados Unidos a terceros países por parte del gobierno de Trump ha sido confirmada, pese a contar con protección legal de jueces de inmigración de Estados Unidos. Se desconoce la cifra real.
El gobierno ha utilizado las deportaciones a terceros países para presionar a migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal a que se vayan por su cuenta, al advertir que podrían terminar «en cualquier cantidad de terceros países».
El centro de detención en Yaundé, la capital de Camerún, donde Farah estuvo retenida, alberga actualmente a 15 deportados de varios países africanos que llegaron en dos vuelos, y ninguno es camerunés, según el abogado Joseph Awah Fru, quien los representa.
Los nueve deportados del primer vuelo en enero, incluida Farah, habían recibido órdenes de protección de un juez, indicó Fru. Nunca conoció a Farah, pero estaba al tanto de su caso. AP habló con una mujer de Ghana y una mujer del Congo, quienes dijeron que tenían órdenes de protección, y hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Otro vuelo el lunes llevó a ocho personas. Tres periodistas independientes que informaban para AP sobre las deportaciones a Camerún fueron detenidos brevemente allí.
Deportar a personas a un tercer país desde el cual podrían ser enviadas a su país de origen equivalía, en la práctica, a una «laguna» legal, señaló Alma David, abogada de inmigración del grupo Novo Legal Group, con sede en Estados Unidos, que ha ayudado a los deportados y verificó el caso de Farah.
«Al deportarlos a Camerún y no darles ninguna oportunidad de impugnar el envío a un país cuyo gobierno esperaba devolverlos discretamente a los mismos países donde enfrentan un grave peligro, Estados Unidos no solo violó su derecho al debido proceso, sino también nuestras propias leyes migratorias, nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales e incluso los propios procedimientos del DHS», afirmó David, empleando las siglas del Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó previamente que hubo deportaciones a Camerún en enero.
«Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez determina que un extranjero en situación ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a expulsarlo. Punto», indicó, y sostuvo que los acuerdos con terceros países «garantizan el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos».
Consultado sobre las deportaciones a Camerún, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a AP el viernes que «no tiene comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos». No respondió a más preguntas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Camerún no respondió a una solicitud de comentarios.
«Opciones imposibles»
Farah fue una de las dos mujeres del primer grupo de deportados que regresaron a Marruecos.
«Les dieron dos opciones imposibles», dijo David, y sostuvo que pedir asilo no se presentó claramente como una de ellas. «Esto fue antes de que el abogado tuviera acceso a ellas. Habían estado solas allí, en ese centro, sin ayuda de nadie ni ninguna indicación de que fuera a haber una opción distinta a volver a sus países de origen».
Fru dijo que no se le ha concedido acceso a los deportados. Señaló que el asistente del director en el país de la Organización Internacional para las Migraciones, una entidad afiliada a la ONU, le dijo que debe solicitar permiso para hablar con ellos. Fru planea hacerlo el lunes.
La OIM dijo a AP que estaba «al tanto de la expulsión de migrantes desde los Estados Unidos de América hacia algunos países africanos» y añadió que «trabaja con personas que enfrentan decisiones difíciles sobre si regresar a su país de origen». Indicó que su función es proporcionar información precisa sobre las opciones y garantizar que «cualquiera que elija regresar lo haga de manera voluntaria».
La OIM señaló que el centro de Yaundé está administrado por las autoridades de Camerún. No respondió a más preguntas.
Las naciones africanas reciben millones de dólares
Camerún es uno de al menos siete países africanos que han recibido a ciudadanos de terceros países deportados en un acuerdo con Estados Unidos. Otros son Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Esuatini, Ghana y Guinea Ecuatorial.
Algunos han recibido millones de dólares a cambio, según documentos publicados por el Departamento de Estado. No se han divulgado los detalles de otros acuerdos, incluido el de Camerún.
El gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos, según un informe publicado la semana pasada por el personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Según documentos internos del gobierno revisados por AP, 47 acuerdos con terceros países se encuentran en distintas etapas de negociación.
En Marruecos, Farah dijo que fue duro escuchar a funcionarios de Estados Unidos referirse a personas como ella como una amenaza.
«Estados Unidos se construyó sobre la inmigración y el trabajo de los inmigrantes, así que está claro que no todos somos amenazas», expresó. «Lo que me hicieron fue injusto. Una deportación normal habría sido justa, pero pasar por tanto y perder tanto, para que al final me deportaran de esa manera, es cruel».
Esta historia fue corregida para indicar que las dos mujeres que hablaron con AP viajaron en el primer vuelo en enero, no en el vuelo de la semana pasada.
