Santiago.-Los jueces de la segunda sala de la Corte de Apelación Penal del departamento Judicial de Santiago ratificaron las medidas de coerción impuestas en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años.
La menor falleció el pasado 14 de noviembre del 2025 durante una excursión organizada por el Instituto Integral Leonardo Da Vinci en una piscina de la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, al norte de Santiago.
Al salir de la audiencia, Lovely Joseph, madre de la niña, visiblemente afectada y entre lágrimas, apenas pudo pronunciar palabras debido al dolor que le embarga por la pérdida de su única hija, la mujer solo pidió que se haga justicia y que la muerte de Stephora no quede impune.
“Solo quiero justicia para mi hija”, expresó entre sollozos.
El abogado de la familia, Miguel Díaz, explicó que en la audiencia se conoció un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra las medidas dictadas a favor de varias cuidadoras y empleados vinculados al centro educativo.
Díaz sostuvo que una de las principales discusiones durante el proceso fue que no se han incluido a todos los responsables del hecho, señalando que en el expediente no figuran el presidente del colegio Leonardo Da Vinci ni los propietarios de la Hacienda Los Caballos, lugar donde ocurrió la tragedia.
El abogado aseguró que el tribunal estableció que la persona presentada como directora del colegio no sería la verdadera directora ni presidenta de la asociación del centro educativo, lo que, según dijo, evidencia inconsistencias dentro del proceso.
Denunció que la madre de la menor aún no ha recibido las pertenencias de su hija, pese a múltiples requerimientos realizados ante el Ministerio Público.
Díaz informó que para el próximo 26 de marzo fue fijada una audiencia en la que se conocerán acciones contra representantes del colegio y los dueños de la hacienda donde ocurrió el hecho. Por su parte, los abogados de las imputadas valoraron positivamente la decisión del tribunal, y en ese sentido José Lorenzo Fermín indicó que la resolución ratificó la medida de coerción impuesta previamente, consistente en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, al considerar que no existe peligro de fuga por parte de las imputadas.
La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, informó que el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones con el objetivo de que otros investigados puedan ser incluidos dentro del proceso.
La magistrada explicó que la institución presentó formal apelación contra una decisión judicial de carácter mixto, debido a que algunos de los investigados no fueron incluidos dentro de las medidas de coerción dictadas inicialmente.
“El Ministerio Público entiende que todos los investigados deben estar sujetos a medidas de coerción o control judicial mientras se desarrolla la investigación”, sostuvo.
Indicó que la institución continúa recopilando evidencias y dando seguimiento al caso dentro de los plazos establecidos por la ley.
