Un juez federal en Washington suspendió la aplicación de una nueva política del Pentágono que restringía el acceso de periodistas al edificio, al concluir que vulnera derechos constitucionales de libertad de expresión y debido proceso. La medida bloqueada fue impulsada por la administración de Donald Trump y por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El juez de distrito Paul Friedman, con sede en Washington, D.C., falló a favor de The New York Times al considerar que el reglamento de acreditación permite al Departamento de Defensa discriminar a reporteros que se negaron a firmar las nuevas condiciones de acceso. Entre esas condiciones estaba que los periodistas se comprometieran a no publicar información obtenida en el Pentágono sin aprobación previa, incluso cuando no fuera clasificada, lo que provocó que numerosos medios abandonaran sus oficinas en el edificio. The New York Times demandó en diciembre al Pentágono y a Hegseth, argumentando que la política de credenciales otorgaba al gobierno una discrecionalidad prácticamente ilimitada para retirar accesos según el contenido de la cobertura, en violación de la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución. El diario sostuvo que estas reglas buscaban castigar la cobertura crítica sobre la gestión de Trump y “depurar” del cuerpo de prensa a reporteros considerados incómodos.
En su decisión, Friedman indicó que la normativa “no ofrece un aviso claro” sobre qué actividades periodísticas rutinarias y legales podrían derivar en la denegación, suspensión o revocación de una credencial, lo que genera un fuerte incentivo a la autocensura. Añadió que, tal como estaba redactada, la política convertía en posible motivo de sanción cualquier labor de recopilación de información o de cobertura que no contara con el visto bueno del Departamento de Defensa.
El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto en gran medida por medios conservadores que aceptaron las nuevas reglas, mientras que reporteros de organizaciones que se negaron a firmar, como The Associated Press y otras cadenas nacionales, han seguido cubriendo temas militares desde fuera del edificio. La política también formaba parte de una serie de cambios que recortaron espacios de trabajo de grandes medios y redujeron su movilidad dentro de instalaciones no clasificadas del Pentágono.
El Departamento de Defensa defendió la norma como un conjunto de reglas de “sentido común” para proteger información de seguridad nacional y evitar que personas consideradas riesgosas tengan acceso amplio al cuartel general militar. Según sus abogados, el objetivo era impedir filtraciones sobre operaciones sensibles y planes militares, no restringir el trabajo informativo.
Los abogados del Times y organizaciones de prensa respondieron que no se puede condicionar el acceso a fuentes oficiales a la renuncia a prácticas periodísticas legítimas, como solicitar información delicada o publicar datos relevantes de interés público. Para ellos, la política era un intento de amparar bajo la etiqueta de seguridad nacional un control político del mensaje y un castigo a las coberturas desfavorables.
Friedman, nominado al cargo durante el gobierno de Bill Clinton, subrayó en su fallo que quienes redactaron la Primera Enmienda entendieron que la seguridad del país requiere una prensa libre y una ciudadanía informada, y advirtió que la censura gubernamental pone en riesgo ese equilibrio. El juez ordenó revertir partes centrales de la política y restituir las credenciales a varios reporteros del Times, al tiempo que dejó vigentes restricciones más acotadas sobre el movimiento de periodistas en áreas específicas del edificio.
Tras conocerse la sentencia, el Pentágono no ofreció comentarios de inmediato, aunque funcionarios han adelantado que estudian una apelación. En tanto, asociaciones de corresponsales en defensa del acceso a la información celebraron el fallo como un importante respaldo judicial a la cobertura independiente de las fuerzas armadas estadounidenses.
