El gobierno encabezado por José Antonio Kast decidió detener el proceso de regularización de aproximadamente 182,000 migrantes en Chile, iniciativa que había sido impulsada por la administración anterior de Gabriel Boric. Según el Servicio de Migraciones, el decreto que permitiría esta medida no llegó a ejecutarse, y las nuevas autoridades descartaron continuar con una regularización masiva, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad, incluyendo que miles de los empadronados habrían cometido delitos.
La nueva administración también anunció un enfoque más restrictivo en materia migratoria, que incluye la propuesta de expulsar a cerca de 337,000 migrantes en situación irregular, en su mayoría de origen venezolano. Además, se enviarán al parlamento proyectos de ley para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular al país y para tipificar como delito la entrada ilegal. Estas medidas forman parte de una política más estricta que también contempla el refuerzo del control fronterizo, especialmente en zonas como Arica, en el norte del país.
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