Ante la ausencia de una normativa clara sobre los alquileres de corta estancia en República Dominicana, desarrolladores e inmobiliarias han comenzado a establecer restricciones en sus proyectos residenciales, prohibiendo el uso de plataformas como Airbnb. Estos avisos se han vuelto cada vez más comunes, especialmente en zonas urbanas, donde se promueven como una ventaja para garantizar tranquilidad, estabilidad y un ambiente orientado a residentes permanentes.
El crecimiento de esta modalidad, que alcanzó más de 47,000 propiedades en 2024 según datos oficiales, ha generado preocupaciones por la falta de supervisión, seguridad y control fiscal. Esta situación ha llevado a que el manejo del tema recaiga en reglamentos internos de condominios, mientras expertos señalan riesgos asociados y conflictos entre residentes. En sectores de alta demanda inmobiliaria, la decisión entre alquiler temporal o permanente depende del perfil del inversionista, en medio de un mercado en expansión sin regulación específica.
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