El destacado abogado Francisco Álvarez, en su calidad de miembro de la organización Participación Ciudadana, ha solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas que inicie una investigación especial sobre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), a raíz de las irregularidades detectadas en las licitaciones para la adquisición de material escolar por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Tras la notificación por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas acerca de la identificación de presuntas irregularidades en aproximadamente 150 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en el marco de tres procesos de licitación destinados a la provisión de material escolar a centros educativos, se ha procedido a la apertura de un expediente informativo.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha aclarado que fue la propia institución la que detectó indicios de posibles irregularidades durante el proceso de licitación para la adquisición de material escolar y que solicitó la intervención de la Dirección de Contrataciones Públicas y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia en el proceso de contratación.
Esta denuncia ha sido catalogada como una infracción de suma gravedad por el miembro de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, quien ha expresado que existen elementos suficientes para que la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y la Dirección General de Contrataciones Públicas inicien una investigación de manera inmediata contra los responsables de las irregularidades en la institución.
«Resulta imperativo que Víctor Castro solicite a la Cámara de Cuentas que inicie una investigación conjunta con el Inabie y la Cámara de Cuentas, delegando en esta última la responsabilidad de una investigación especial sobre los hechos ocurridos en el Inabie con esas nueve empresas que presentan irregularidades. Es crucial destacar que todas estas empresas arrendaban los locales donde supuestamente operaban al mismo precio, que los contratos de alquiler eran firmados por personas que posteriormente negaban su rúbrica y que la firma no coincidía con la que aparecía en su documento de identidad», terminó Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana en sus declaraciones.
