Tras presentar querella formal, Massiel Javier Almonte solicita el embargo de las cuentas bancarias de los acusados por un valor estimado de 600 millones de pesos.
La viuda ha solicitado la imposición de medidas de coerción contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat.
La esposa del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, presentó formalmente una querella contra los propietarios de la discoteca Jet Set, exigiendo una indemnización de 300 millones de pesos.
Massiel Javier Almonte, quien previamente había presentado una denuncia, depositó la querella con constitución en actor civil, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García, en la Fiscalía del Distrito Nacional. En la instancia, se formaliza la solicitud de la imposición de medidas de coerción personal y real contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat.
Asimismo, se solicita la admisión de la querella en representación de los menores afectados y la imposición de una garantía económica de 75 millones de pesos a cada uno de los querellados.
También se solicita que se autorice a Massiel a inscribir hipoteca judicial provisional sobre los imputados, así como sobre la entidad Inversiones E y L, y a trabar embargo retentivo sobre los montos y valores que se encuentren dentro de los mismos, equivalentes a 600 millones de pesos.
Mientras tanto, el número de acciones legales contra los propietarios de la discoteca Jet Set ha ascendido a 82, tras el trágico derrumbe que dejó 235 muertos y más de 180 heridos. El suceso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes del Jet Set. Rubby Pérez seencuentra entre las víctimas mortales del incidente.
En las instancias, los demandantes alegan que reclamarán indemnizaciones millonarias ante los tribunales, además de solicitar al Ministerio Público que pida prisión preventiva como medida de coerción contra los propietarios de la discoteca.
Algunas de las demandas también incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dicho establecimiento.
