El Tribunal plantea que los uniformados procesados cometieron “una afrenta inaceptable” a su uniforme y “al deber sagrado de resguardar la frontera”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Fundamentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Montecristi impuso penas de 15 y 10 años de prisión a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y a civiles procesados en el Caso Frontera como parte de una red que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes provenientes del vecino Haití.
Los condenados a 15 años de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes utilizaron su investidura militar para facilitar y permitir, con dolo y omisión, el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano por la frontera norte, entre las provincias Dajabón y Montecristi.
Igualmente, a los organizadores y colaboradores civiles también les fueron impuestas condenas por violar la ley y la dignidad humana. Entre esos actores claves de la red criminal se encuentran Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna, sentenciados a 10 años de prisión por su rol protagónico como organizadores del cruce ilegal de migrantes.
Pese a alegar circunstancias atenuantes, su falta de arrepentimiento y su alto grado de participación en los hechos pesaron considerablemente en la decisión judicial, explicó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Bejarán Álvarez destacó “que en el Caso Frontera el Ministerio Público logró un fallo histórico, que se corresponde con las graves violaciones a los deberes constitucionales”.
Resaltó que la condena representa “un paso firme en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional de la República Dominicana”. La sentencia, dijo, constituye un precedente trascendental en el combate contra las redes criminales que operan en las zonas fronterizas.
El tribunal impuso a Edna Josep, de nacionalidad haitiana y responsable de alojar y ocultar a los migrantes en el país, una condena de 10 años de prisión, al confirmarse su participación activa y consciente en el entramado delictivo.
También condenó a cinco años de prisión a los transportistas Santo Valerio Contreras, conocido como Santico; Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la logística de movilización de los migrantes.
Junto a Bejarán Álvarez representaron al Ministerio Público en el caso la fiscal de Montecristi Grimaldi Oviedo y la fiscal Yohanny Herrera, quienes contribuyeron de manera activa para la presentación de un expediente fuerte, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.
Al fundamentar su decisión, los jueces Mercedes María Reyes Jerez (presidenta), Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar”.
El Caso Frontera fue el resultado de una rigurosa labor de inteligencia e investigación coordinada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Montecristi.
La litigación estuvo a cargo de María Elena Carrasco Veras, titular de la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación de Montecristi, y los fiscales Grimaldi Oviedo, Jhensy Víctor, Miguel Crucey y Aleika Almonte, quienes contaron con el apoyo legal de la abogada Jissell González, adscrita a la PETT.
El Ministerio Público contó con el apoyo de la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet), el Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, y la colaboración institucional del Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).
