El Ministerio Público reveló que la discoteca Jet Set funcionó durante años sin los permisos legales ni la supervisión técnica requerida, a pesar de haber realizado remodelaciones que comprometieron su estructura y seguridad.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, responsables del local, hicieron varias ampliaciones —como la instalación de un escenario, bares, iluminación y áreas VIP— sin contar con autorizaciones oficiales del Ministerio de Obras Públicas ni de la Alcaldía del Distrito Nacional. El inmueble, que originalmente fue un cine, sufrió un cambio de uso inapropiado y modificaciones estructurales sin respaldo técnico.
Además, se eliminó una columna clave que afectó la estabilidad del techo, y se sobrecargó con elementos pesados como ductos, tinacos y unidades de aire acondicionado, sin estudios que avalaran la capacidad de carga. Los dueños ignoraron advertencias visuales de empleados sobre el deterioro y la caída de escombros, priorizando las ganancias económicas sobre la seguridad.
Maribel Espaillat rechazó suspender las actividades incluso después de un incidente horas antes del colapso, alegando la ausencia de Antonio y la imposibilidad de detener la fiesta. Esta negligencia sistemática causó la muerte de 235 personas y dejó más de 180 heridas.
Peritajes confirmaron fallas críticas como la falta de una columna esencial, anclajes deficientes y ausencia de muros de soporte, evidenciando un patrón de irresponsabilidad grave. Además, los acusados intentaron intimidar testigos para evitar que aportaran pruebas en su contra.
Este caso expone la falta de supervisión oficial y el incumplimiento de normativas que regulan la seguridad en locales de entretenimiento, un problema que ha generado un impacto trágico y que ha motivado a otros clubes a iniciar procesos de certificación y remodelación para garantizar la seguridad de sus clientes
