Después de permanecer detenidos durante una semana, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat salieron este viernes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras completar el pago de la fianza impuesta por la jueza Fátima Veloz.
La magistrada les impuso una fianza de 50 millones de pesos, además de medidas como la presentación periódica ante la justicia y la prohibición de salir del país. Esta decisión se tomó luego de que la jueza rechazara la solicitud del Ministerio Público, que pedía prisión preventiva de 18 meses para Antonio y prisión domiciliaria para Maribel, vinculados a la tragedia ocurrida el 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde murieron 235 personas, entre ellas el cantante Rubby Pérez.
La jueza fundamentó su decisión en el arraigo de los hermanos, quienes cuentan con domicilio fijo, negocios estables y fuertes lazos familiares y sociales en el país. Además, no se evidenció que tengan intención o medios para evadir la justicia. También se consideró que el delito imputado, homicidio involuntario, conlleva una pena que va de 3 meses a 2 años de prisión, según el artículo 319 del Código Penal dominicano.
Respecto a la acusación contra Maribel por presunta coacción a un testigo, el tribunal determinó que la evidencia presentada no demuestra una acción clara de intimidación ni manipulación de pruebas, sino una conversación ambigua que, aunque cuestionable desde el punto de vista ético, no afecta sustancialmente el proceso judicial.
La medida de coerción, recordó la jueza, tiene un carácter preventivo y busca garantizar la presencia de los imputados durante el proceso, sin afectar sus derechos personales o patrimoniales más allá de lo necesario.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad legal en tragedias masivas y la aplicación de medidas cautelares en la justicia dominicana, especialmente en casos donde la pena máxima prevista es relativamente baja en comparación con la magnitud del daño causado. Expertos en derecho penal han señalado la necesidad de revisar y actualizar las normativas para casos de homicidio involuntario en eventos con víctimas múltiples, para asegurar una justicia más proporcional y efectiva.
