Este martes, el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, entre cuyas medidas se encuentra el endurecimiento de penas para menores de edad, lo que causó la preocupación de Unicef, que calificó la norma de «reformas regresivas al sistema penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes».
La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones. El texto aborda cuatro ejes: la contratación pública, el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la infancia del país. Es precisamente en este último punto donde se establecen penas de hasta quince años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos graves relacionados con el crimen organizado.
Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber proliferado el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales a las que Noboa declaró la «guerra» desde inicios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en la que está inmerso el país.
El año pasado fueron más de 3.500 los menores que fueron detenidos como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, según confirmó la pasada semana a EFE el ministro del Interior, John Reimberg.
En su comunicado, Unicef manifestó que «este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador».
«Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar posibilidad de reintegración para los adolescentes», apuntó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Expulsiones hasta por 40 años
Esta ley también introduce reformas a un total de diecinueve normas ya existentes para establecer cambios como la prohibición de retorno al país por el período de 40 años a los extranjeros que hayan sido expulsados de Ecuador tras cumplir penas por delitos con penas de cárcel mayores a cinco años.
De incumplir esta disposición, el extranjero podrá ser declarado como un objetivo militar, si persiste el «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra las bandas criminales.
La norma aprobada este martes también da al presidente la facultad de disolver ciertas instituciones públicas, así como que las cooperativas de crédito y ahorros pasen del sistema de economía popular y solidarias al sistema financiero privado.
La aprobación de la llamada Ley de Integridad Pública contó con la oposición del correísmo, principal fuerza opositora a Noboa, que en un comunicado advirtió también que «eliminaron de un plumazo los derechos laborales conquistados hace años, la estabilidad de funcionarios de carrera, el derecho internacional y convenciones de las que Ecuador es firmante».
La Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017) sostuvo que el texto de esta norma no solo viola la Constitución ecuatoriana sino que también lo fue presuntamente su procedimiento, al haber introducido modificaciones al texto durante el debate «sin devolver el texto a la comisión (parlamentaria»).
«Esto no es solo un error: es una aberración legislativa y una afrenta al Estado de Derecho», señaló la RC al añadir que «hoy la verdad jurídica ha sido sustituida por una mayoría construida por lealtades alquiladas y prácticas del pasado que creíamos superadas». EFE
