El panorama financiero de las clínicas privadas se ha visto gravemente afectado por diversos factores, entre los que destacan las reducidas tarifas abonadas por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), la inflación acumulada, el incremento de la factura eléctrica, los salarios, los costes operativos y de servicios. Esta situación ha provocado el cierre de 26 establecimientos médicos en los últimos años.
El panorama fue descrito por los directivos de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), encabezados por su presidente, Rafael Mena; el vicepresidente para la Región Norte, Marino Pérez; el vicepresidente de la Región Este, Miguel Russo, y el secretario, Fausto Hernández, quienes fueron invitados al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
De acuerdo con Rafael Mena, las clínicas han experimentado una inflación acumulada del 109 % desde la implementación de la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social. Si bien se ha experimentado un incremento de entre el 35 y el 40 %, las partes implicadas exigen un aumento del 30 % en las tarifas que pagan las ARS, dado que el 96 % de los pacientes que reciben atención son asegurados.
“Las clínicas han estado en déficit económico y esto ha llevado a la quiebra a muchas instituciones”, expresó Mena, tras advertir que ni se producen cambios en la ley “el capital financiero se quedará con todas las instituciones médicas en el país”.
Dijo que el 50% de la población dominicana recibe servicios de salud en centros médicos privados y sin embargo no están representados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
Actualmente, 138 clínicas están operando de manera activa con alrededor de 30,000 médicos y enfermeras empleados.
“Queremos que se oiga nuestra posición para nosotros colaborar para que la mayoría de los dominicanos reciban las atenciones necesarias para hacer el sistema lo más confiable posible”, expresó Mena durante el encuentro.
Hernández explicó que, si bien la Ley 87-01 representó un aporte sustancial al sistema de salud, existen aspectos que requieren una revisión y posible modificación. Como aspecto positivo, se destacó la implementación de un sistema de atención universal y gratuita en situaciones de emergencia, lo cual ha facilitado el acceso a servicios médicos privados para un segmento de la población de escasos recursos.
“A las ARS le pagan todos los meses a los proveedores que somos los que préstamos los servicios nos pagan en tres meses”, criticó, tras demandar que se eliminen las distorsiones del sistema.
Entre las desventajas, cabe señalar que el sistema se implementó sin recursos suficientes, lo que resultó en la elaboración de un plan básico en lugar de una cobertura integral. En consecuencia, los pacientes deben procurar recursos adicionales para completar su tratamiento.
Afirmó que un gran número de pacientes carece de los recursos necesarios para cubrir los gastos asociados, lo que obliga a las clínicas a asumir dichas responsabilidades financieras. Según un estudio realizado hace tres años, el monto total de estos gastos ascendía a 300 millones de euros, lo que fue asumido por estos establecimientos.
