La magistrada Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, ha impuesto una garantía económica de cinco millones de pesos a Wilson Yanet Then Cruz, propietario de un establecimiento de lavado de automóviles en San Francisco de Macorís, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, se le ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente y se le ha prohibido salir del país.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), representada por su titular, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, había solicitado prisión preventiva por tres meses.
De acuerdo con la acusación formal, el señor Then Cruz era el propietario y operador de una red de prostitución que ofrecía servicios de naturaleza sexual a terceros en su establecimiento, denominado «Wiljery Car Wash», el cual también funcionaba como un bar. En el lugar se habrían explotado sexualmente a un número no inferior a veinte mujeres, algunas de las cuales habrían permanecido en el lugar durante un periodo de una o dos semanas.
El imputado fue arrestado frente al negocio mediante la orden judicial número 601-01-2024-EADM-00107. Durante la investigación, el Ministerio Público determinó que el establecimiento contaba con habitaciones habilitadas para encuentros sexuales, lo que, según las autoridades, evidencia una estructura organizada para la explotación de personas.
De acuerdo con lo estipulado en los artículos 3 y 7 de la Ley, la conducta imputada a Then Cruz ha sido clasificada como trata de personas.
