La empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) ha incurrido en el pago de sobornos por un valor mínimo de ciento ocho millones de pesos (RD$ 108,000,000.00) a diversas instituciones del Estado, en virtud de lograr ser contratada por estas.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público contra los implicados en una estructura de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles, la empresa pagó esos 108 millones a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte Dominicana, S.A., Edesur y Edeeste.
“Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos”, resalta el documento.
Las autoridades indican que entre el 2012 y los primeros meses de este 2025 se distribuyeron sobornos a los servidores de esas instituciones que laboraran, o estuvieran relacionados, con las áreas de contrataciones adjudicadas y la supervisión de la recepción de los servicios brindados. Esos pagos ilícitos se realizaron tanto mediante transferencias bancarias como por entrega de dinero en efectivo
“En el proceso de investigación hemos identificado, a partir de las transacciones financieras obtenidas hasta el momento, que empresas adjudicatarias de contratos de servicios de seguridad, para poder ser beneficiadas de los mismos y lograr brindar los servicios contratados, entregan a funcionarios públicos vinculados al proceso de contratación entre el 5 % y el 10 % del total de cada factura que les paga el Estado dominicano”, reseña el documento que consta de 450 páginas, compuestas por decenas de pruebas testimoniales, documentales y materiales.
El Ministerio Público asegura que los funcionarios imputados, que eran los responsables de supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar la correcta ejecución de los servicios contratados, recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de estos sin objeciones ni fiscalización efectiva.
“Este esquema de soborno generó una completa subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados, la sumisión de los directores del departamento de seguridad de las instituciones contratantes y facilitó que los imputados desplegaran una serie de prácticas ilícitas orientadas a beneficiar deliberadamente a ciertas empresas de seguridad privada, en detrimento del interés público. Estas conductas incluyeron la omisión de deberes de control, la tolerancia de irregularidades y la protección activa de las empresas favorecidas, todo con el propósito de mantener los contratos vigentes y seguir obteniendo beneficios económicos personales mediante el cobro sistemático de sobornos”, explica el documento.
Las autoridades señalan que los pagos de los sobornos no se limitaban a una fase específica del proceso, sino que contaminaban todas las etapas de la contratación desde la elaboración de los términos de referencia y los pliegos de condiciones, la evaluación de ofertas, la adjudicación de contratos, hasta su ejecución, supervisión y renovación.
“Esta trama de corrupción operaba como un mecanismo, donde los pagos ilícitos eran requeridos por distintos funcionarios vinculados a las contrataciones y los encargados de la seguridad física de las entidades afectadas, y se entregaban directamente o a través de intermediarios”, indica.
Implicados
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército.
También se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, así como al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Medida de coerción
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para las dos de la tarde del lunes el conocimiento de la medida de coerción; el Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y prisión preventiva para todos los involucrados.
