El Gobierno de Donald Trump reducirá los servicios en idiomas distintos al inglés, afectando a migrantes que dependen de ellos para acceder a salud y justicia. En 2000, el expresidente Bill Clinton ordenó que las agencias federales garantizaran atención para personas con bajo dominio del inglés, basándose en una ley contra la discriminación por origen.
El 1 de marzo, Trump declaró el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, dejando a cada agencia la decisión sobre servicios en otros idiomas. Sin embargo, el Departamento de Justicia emitió instrucciones para revisar y eliminar progresivamente los servicios multilingües considerados innecesarios.
La administración justifica esta medida como un impulso para fortalecer la unidad nacional y promover el dominio del inglés entre los nuevos ciudadanos. No obstante, organizaciones de derechos civiles advierten que esto dificultará el acceso a servicios médicos, la realización de trámites y el derecho al voto para millones que no dominan el idioma.
Según datos del censo de 2023, más de 26 millones de personas en EE.UU. tienen un nivel de inglés menor a “muy bien”, y 42 millones hablan español en casa, de los cuales 16 millones no hablan inglés con fluidez. Además, Trump ha impuesto que los conductores profesionales dominen el inglés, reforzando su política lingüística.
Desde su llegada a la política en 2015, Trump ha insistido en la importancia del inglés para la integración, y en su segundo mandato cerró la página web oficial en español, eliminando un recurso clave para la comunidad hispanohablante en Estados Unidos.
Este cambio en la política federal representa un retroceso en la inclusión lingüística y plantea desafíos para la integración de una población diversa en el país.
