El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, busca construir cinco nuevos megacentros de detención para migrantes, siguiendo el modelo del controvertido centro inaugurado recientemente en Florida, conocido como ‘Alligator Alcatraz’.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, confirmó que se están negociando con cinco estados gobernados por republicanos para replicar esta infraestructura, diseñada para acelerar procesos de deportación mediante juicios exprés realizados dentro del mismo complejo. Stephen Miller, asesor clave en la política migratoria de Trump, instó a todos los estados republicanos a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional para levantar estas instalaciones y facilitar la expulsión de migrantes indocumentados.
El centro en Florida, ubicado en una reserva de humedales, ha sido duramente criticado por sus condiciones precarias: migrantes detenidos en carpas improvisadas enfrentan calor extremo, humedad elevada, escasez de agua y alimentos en mal estado. Legisladores demócratas que visitaron el lugar reportaron que alrededor de 750 personas permanecen en “jaulas” bajo estas condiciones, calificadas como inhumanas por organizaciones de derechos humanos y la Arquidiócesis de Miami.
Este aumento en la capacidad de detención se enmarca en una tendencia más amplia: durante el año fiscal 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha incrementado en un 30% el número de centros donde mantiene a migrantes detenidos, llegando a al menos 144 instalaciones en todo el país. Este crecimiento se debe en parte a nuevos contratos con empresas privadas y agencias locales, ampliando la red de detención en estados como Misisipi, Georgia, Texas y Luisiana, donde algunos centros albergan a más de 1,500 personas cada uno.
Además, el Gobierno ha reabierto cárceles privadas con historial cuestionable para aumentar la capacidad de detención, como Delaney Hall en Nueva Jersey, que ha generado protestas por las condiciones deficientes de alimentación y atención médica, y ha sido objeto de críticas por parte de autoridades locales y organizaciones civiles.
Esta política ha provocado rechazo internacional y nacional, con líderes como el presidente colombiano Gustavo Petro calificando el modelo como un “campo de concentración” y denunciando la severidad y crueldad de estas medidas, que buscan intimidar a las comunidades migrantes y complacer a la base política del actual Gobierno.
En resumen, la administración Trump impulsa una expansión significativa de la infraestructura de detención migratoria en EE.UU., con un enfoque en acelerar deportaciones, pero enfrentando críticas por las condiciones y el impacto humanitario de estos centros.
