Leonel Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), ha solicitado formalmente una revisión del proyecto de reforma laboral, aprobado en primera lectura por el Senado de la República, centrándose específicamente en el tema de la cesantía.
Castellanos expuso que su propuesta se fundamenta en preservar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales, estableciendo al mismo tiempo restricciones que reflejen las realidades del mercado laboral contemporáneo.
Si bien este proyecto de ley obtuvo la aprobación en primera lectura por parte de la Cámara de Diputados el pasado martes, tras el beneplácito de la Cámara Alta, el sector empresarial emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a la pieza, al considerarla un retroceso en las demandas laborales actuales.
“No nos hemos opuesto a que la cesantía sea aprobada; lo que hemos dicho es que sea revisada y que los derechos adquiridos que tienen los trabajadores en la actualidad se les respete”, expuso en un desayuno empresarial con la participación del ministro de Trabajo, Eddy Olivares.
Como parte del gremio empresarial, alegó, que existen micro, medianas y pequeñas empresas que no poseen el suficiente capital económico para responder a la acumulación de las deudas y obligaciones económicas para con sus trabajadores, conocido como pasivos laborales.
En consecuencia, explicó que esto termina representando un riesgo financiero para estas empresas que se disuaden de contratar de manera formal y muchas veces terminan operando bajo la informalidad.
También advirtió que la cesantía no siempre beneficia al trabajador, ya que en numerosos casos, cuando estos consiguen un mejor salario o posición en otra empresa y deciden retirarse de la actual, pierden todas sus prestaciones laborales. Sin embargo, en una nueva legislación esto no pasaría.
“Esto fortalecería directamente los pilares de la pensión y el desempleo, garantizando una mayor protección y sostenibilidad a largo plazo para todos”, refirió.
Informalidad laboral
Mediante estas declaraciones, advirtió que la alta informalidad laboral representa un riesgo para la sostenibilidad de la seguridad social y el futuro del empleo en la República Dominicana, demostrando con un estudio realizado en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central cómo gran parte del porcentaje laboral queda adjudicado a trabajadores informales.
Entre estos sectores resalta el agropecuario con un 86.41% de trabajadores informales, construcción con un 86.33%, transporte y comunicación con un 71.37%, comercio con un 63.58%, hoteles, bares y restaurantes con un 54.60% de informalidad, industria con un 30.68% e intermediación financiera y seguros con un 18.04%.
Sostuvo que esto trae consigo un impacto directo al sistema de salud con menos aportes que significan menos recursos para los tratamientos médicos de los más vulnerables, menos capacidad para otorgar subsidios por enfermedad o maternidad, junto con un futuro incierto para aquellos que no forman parte del Sistema Contributivo de Salud.
Olivares exhortó y resaltó cómo la formalidad laboral crea un espacio para que el país tenga un sistema de seguridad social adecuado, estableciéndolo como un pilar fundamental que protege la dignidad de los ciudadanos e impulsa hacia un progreso colectivo.
“El objetivo primordial del sistema de seguridad social es claro, regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos entre el Estado y los ciudadanos, brindando protección ante riesgos tan diversos como la vejez, la discapacidad, enfermedades y la maternidad”, instó el ministro.
