Durante más de una década, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) ha recibido un elevado número de denuncias de ciudadanos que alegan haber sido incluidos en nóminas de empleadores con los que nunca han mantenido vínculo laboral.
Estos registros irregulares, realizados sin el consentimiento correspondiente, acarrean consecuencias graves en el acceso a prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
La mayoría de los casos afectan a personas beneficiarias del Régimen Subsidiado de Salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa), quienes al figurar como trabajadores en el Régimen Contributivo, pierden su cobertura en salud y quedan completamente desprotegidos. Esta exclusión no solo afecta al titular, sino también a su núcleo familiar, dejándolos sin acceso a consultas, medicamentos, tratamientos crónicos o servicios de urgencia.
Otros casos implican a adultos mayores que buscan la devolución de fondos de sus cuentas de capitalización individual, que desean ser incluidos como dependientes adicionales de sus hijos o que se enfrentan a procesos de pensión o trámites ante el sistema.
La información fue suministrada por Zully Arias, directora de Orientación y Defensoría, y Marlen Berroa, directora jurídica de la institución. Cuando las personas acuden a la DIDA, se percatan por vez primera de que figuran como empleados activos en empresas públicas o privadas de las que no tenían conocimiento.
Esta situación impide que ellos y sus familiares puedan ejercer derechos fundamentales», lamentan. En el ejercicio de sus funciones institucionales, la DIDA ha reportado más de 4500 casos de afiliaciones irregulares, ha solicitado más de 1400 bajas del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) y ha gestionado más de 680 reafiliaciones al Régimen Subsidiado. El objetivo de estas acciones es restablecer los derechos de los afectados y sus familias, según se destaca en un documento dirigido a El Caribe.
Subrayan que la intervención sistemática de la DIDA ha sido clave para que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) pueda identificar patrones de fraude, investigar a los responsables y tomar acciones legales contra los empleadores involucrados.
En ese sentido, la DIDA ha documentado dos tipos principales de casos, afiliados que denuncian su inclusión en nóminas sin relación laboral, alegan desconocer el empleador que los registró y solicitan ser desvinculados por inexistencia de vínculo laboral.
Esta irregularidad también afecta a los dependientes del afiliado, quienes quedan sin cobertura médica mientras el caso se regulariza.
Sin embargo, la directora de Orientación y Defensoría aclara que no siempre las empresas eran las que cometían los fraudes, y que algunas llegaron a ser víctimas de hackeo.
“Les tomaban sus credenciales y los dueños de las empresas se sorprendían cuando encontraban 700 gente en su nómina. Consistía en que le daban el alta y lo sacaban antes de pagar y así sucesivamente. Lo que no sabemos es cuál era el fin de eso, pero la mayoría eran personas afiliadas en el Régimen Subsidiado”, precisa.
En este entramado, también resultaron perjudicados los afiliados que fueron engañados por intermediarios: personas que, buscando asegurar a su familia, contratan a supuestos “gestores” o “corredores”, quienes los inscriben irregularmente en microempresas con salarios ficticios. “Estas prácticas buscan acceso fraudulento al Régimen Contributivo, pero terminan afectando tanto al titular como a su grupo familiar, al generar bloqueos, cambios de estatus y pérdida de continuidad de servicios. Estos hechos constituyen fraudes sistemáticos, que además de vulnerar derechos individuales y familiares, atentan contra la sostenibilidad financiera del SDSS”, resalta el equipo técnico de la DIDA.
Destaca que, gracias a la presión institucional y a las acciones conjuntas entre la DIDA y la TSS, el número de casos nuevos ha disminuido considerablemente. “No obstante, la TSS ha procedido a inhabilitar más de 41,920 Número de la Seguridad Social (NSS) vinculados a más de 1,615 RNC irregulares, como medida de control para frenar esta mala práctica”.
Zully Arias precisa que aunque la inhabilitación ocurrió el año pasado, la medida es producto de años de investigación y verificaciones.
“Estas personas, sin embargo, pueden solicitar su inclusión al régimen subsidiado, y si comienzan una relación laboral formal, pueden solicitar la reactivación de su NSS a través de la DIDA”, puntualiza. La DIDA actúa bajo el principio de protección efectiva de derechos, por lo que prioriza la normalización del estatus de afiliación de las personas afectadas.
Para terminar, cuando se verifica vulneración de derechos de los afiliados, la DIDA está facultada para realizar acciones como solicitar la baja inmediata de los registros fraudulentos, para que el afiliado pueda ser incluido nuevamente en el régimen que le corresponde.
