Ministerio Público logró una importante victoria jurídica contra la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) en la República Dominicana, tras una decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que obliga a la Defensoría a brindar representación legal a personas jurídicas (empresas) cuando estén involucradas en procesos penales.
La resolución número 001-022-2025-SRLS-00393, emitida el 3 de marzo de 2025 y notificada el 17 de julio, pone fin a la resistencia de la ONDP, que hasta ahora había impedido legalmente la representación de organizaciones privadas o públicas. Esta medida respondía a una instrucción interna del director Rodolfo Valentín Santos, quien ordenó en 2021 prohibir la defensa pública a empresas, limitándola sólo a personas físicas acusadas sin recursos para pagar abogado.
El conflicto judicial se centró en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había decretado inconstitucional dicha instrucción, ordenando a la ONDP designar defensores públicos para empresas implicadas en procesos penales encabezados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo amenaza de multas diarias por incumplimiento.
La SCJ ratificó esta postura al considerar que negar la representación a personas jurídicas vulnera derechos constitucionales y contradice el Código Procesal Penal dominicano, además de limitar el acceso a la justicia para estas entidades.
Un caso reciente vinculado a esta controversia concluyó con la imposición de una multa diaria a la ONDP por no designar abogado a Agente de Cambio Estrella, empresa imputada por delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En la defensa de su postura, la ONDP sostenía que su servicio se dirige exclusivamente a personas físicas sin recursos, pero la justicia dominicana ha dejado claro que tal criterio es insuficiente cuando estas empresas están implicadas en procesos penales.
Rodolfo Valentín Santos, director de la ONDP, manifestó que acatarán la decisión, aunque reafirmó la autonomía constitucional de su institución y la distinción legal entre personas físicas y jurídicas. Subrayó que la resolución marca una batalla ganada para el Ministerio Público pero no el fin del proceso en esta materia.
Esta sentencia de la Suprema Corte reafirma la importancia de garantizar el derecho de defensa para todas las partes involucradas en procesos judiciales, incluyendo a las empresas, un tema relevante en el fortalecimiento del sistema judicial dominicano y la protección de los derechos procesales sin importar la naturaleza jurídica de los acusados.
El acceso a la defensa legal para personas jurídicas en causas penales es un aspecto crucial en la administración de justicia para evitar vacíos legales y asegurar una defensa justa y equilibrada. Este fallo en República Dominicana se alinea con prácticas internacionales que reconocen la necesidad de asistencia legal para empresas implicadas en casos penales complejos, especialmente aquellos relacionados con corrupción y lavado de dinero.
