Miguel Valerio, abogado de los familiares de Ivonne Handal Abugabir, fallecida en un violento ataque en el barrio de Naco, expresó su inquietud por la rapidez con la que se está abordando la condición mental del imputado, Jean Andrés Pumarol Fernández.
Valerio enfatizó que es crucial esperar los resultados del peritaje psiquiátrico antes de determinar si el acusado puede ser procesado penalmente por el hecho, que dejó además cinco personas heridas. «Creo que se han ido muy rápido por la condición mental de un ciudadano, el cual se va a evaluar y el peritaje dirá qué tal de mente o estado,» afirmó Valerio. «He visto una ida muy rápida sin un peritaje, entonces vamos a esperar el peritaje para nosotros poder seguir una posición».
El jurista subrayó que, independientemente de la evaluación psiquiátrica, el imputado representa un «peligro comprobado» y no debería estar en libertad.
«Lo que nadie puede dudar es que ese señor no puede estar en la calle. Creo que aquí tenemos que estar claros, él en la calle no, porque ya es un peligro comprobado,» recalcó Valerio.
El abogado cuestionó la premura con la que se ha mencionado la esquizofrenia como un posible diagnóstico, señalando que esta condición tiene categorías y niveles.
Subrayó que es fundamental que el peritaje no solo confirme el diagnóstico, sino también el grado que permitiría o no su responsabilidad penal.
«He visto demasiada rapidez en decir que él tiene una esquizofrenia; la esquizofrenia como tal tiene categoría y tiene niveles y hay que ver si primero la tiene y eso lo va a determinar el peritaje, y luego determinar qué grado tiene y si puede responder penalmente, porque eso es demasiado rápido,» puntualizó.
Valerio también destacó el impacto emocional en la familia, recordando que apenas el viernes pasado fue el entierro de la señora Handal, y la audiencia ya ha sido aplazada para mañana lunes. Finalmente, Valerio reiteró que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, no solo de la familia de la víctima, sino de la sociedad en general, dada la magnitud de lo ocurrido.
«Lamentablemente, él ya no es un peligro comprobable, es un peligro comprobado, entonces él en la calle no puede estar, y es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, no solamente de la familia, sino de todas las víctimas que pueden ser posibles, porque esto lo que ocurrió no fue poco,» finalizó.
