Un total de 175 estudiantes matriculados en la escuela Mayra del Rosario Grullón, ubicada en la comunidad Hatillo de San Lorenzo, distrito municipal La Canela, continuarán recibiendo instrucción en condiciones que no satisfacen los estándares mínimos de confort y seguridad. La institución educativa se ve obligada a impartir clases en un entorno que no cumple con las normativas básicas de infraestructura, utilizando como espacio el comedor y el área de una escalera.
A pesar de que han transcurrido 10 meses desde que se anunció la demolición de uno de los pabellones, debido a las grietas, hundimientos y daños en el área administrativa y la cocina, aún se espera la entrega de aulas móviles. Merlin Almonte, directora del centro educativo, ha expresado que se ha visto obligado a trasladar las clases a aulas improvisadas, en un club de la comunidad y en un espacio habilitado en el otro pabellón que continúa en pie.
Durante una rueda de prensa para denunciar la situación, Almonte expresó que, tras años de mostrar preocupación ante las autoridades educativas, en agosto del 2022 se acordó demoler el pabellón que presentaba mayores daños por los hundimientos. Sin embargo, el proceso se ejecutó en el mes de septiembre del 2024. El pabellón demolido contaba con ocho aulas. La falta de espacio obliga a impartir docencia en dos horarios.

“De tener una matrícula que rondaba entre los 170 y 180 alumnos, ahora apenas llega a 90, y no sabemos si podemos iniciar el año escolar, debido a que seguimos a la espera de las aulas móviles”, expresó la directora de la escuela, Mayra del Rosario Grullón.

Con el tiempo, el pabellón donde opera el área administrativa, el comedor y otros espacios corre el mismo riesgo de colapsar por las grietas y los hundimientos, por lo que requiere que también sea demolido. A eso se suman los problemas en el área de cocina y los baños.

“Las autoridades educativas nos dicen que las aulas móviles se montan en cuestión de días. Sin embargo, no vemos que estén trabajando, y eso nos preocupa”, adujo Almonte.

Ante la preocupación por los daños, los padres han decidido no inscribir a sus hijos, a pesar de que las escuelas más cercanas están muy retiradas.





